HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Familiares de Rocío R. –la mujer que murió tras dar a luz en Huajuapan–, quien fue diagnosticada con COVID-19, interpusieron una denuncia penal ante la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca, pues exigen que se haga justicia y que ninguna embarazada sufra la violencia obstétrica por carecer de un hospital de segundo nivel en esta localidad.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos del defensor ambiental Eugui Roy Martínez Pérez en el estado de Oaxaca y del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos y del policía municipal que se desempeñaba como su escolta, en Sonora. Asimismo, llamó a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.
Una pareja que fue la primera contagiada por el COVID-19 en la comunidad de Tamazulápam del Espíritu Santo, Mixe, iba a ser linchada por pobladores al acusarlos a través de las redes sociales en esa comunidad de ser quienes llevaron la pandemia.
Sin embargo, las personas no habían salido de su comunidad y por lo cual tuvieron que acudir a solicitar la protección de un amparo para que las autoridades sanitarias intervinieran, y además proceder en contra de la autoridad municipal por permitir una serie de festividades en la comunidad.
Después de la pandemia del coronavirus, seguramente habrá cambios significativos para todos como personas, como familias, como Iglesia Católica y como nación, afirmó el obispo de la Prelatura Mixe de María Auxiliador, Salvador Murguía Villalobos.
“Estoy convencido que no saldremos, como entramos”, asentó.
En un mensaje, el religioso sostuvo que el regreso a la normalidad anterior no estará permitido, porque sería un desprecio a los miles de personas que han muerto por el virus y una falta de solidaridad con sus familiares y amigos.
La diputada federal Alejandra Morlan lamentó la indolencia e insensibilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien en últimas semanas incrementó las tarifas de luz e iniciaron con el corte del suministro a aquellas personas que por la crisis económica derivada por el COVID-19 no han realizado el pago de su servicio.
El titular del Poder Judicial del Estado, Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez y el Director General de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C “AsiLEGAL”, Maestro José Luis Gutiérrez, realizaron la firma virtual y simbólica de un convenio marco de colaboración, con el objetivo de fortalecer los servicios de administración de justicia con enfoque de género y protección a los derechos humanos.
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal ha blindado las casas hogar para adultos mayores de la capital para evitar el contagio masivo del coronavirus.
De acuerdo con la presidenta honoraria, Patricia Benfield, se prohibe la entrada a los familiares de los adultos.
Afirmó que los familiares pueden llamar por teléfono y platicar con los adultos mayores que se encuentran en las casas hogar, además de que se suspendieron las actividades de las casas de día.
El arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos aseguró que quienes se desempeñan como autoridad no deben sentirse dueños de todos, sino ofrecer un verdadero servicio para tener el respeto del pueblo.
“El mundo me dice que ser autoridad es estar por encima de todos, ¡no!, esa no es la autoridad que quiere Dios”, asentó.
Durante la homilía de la misa dominical oficiada en la sede arzobispal, el pastor religioso sostuvo que quienes tienen autoridad, deben aprender a ser servidores como quiere Dios, para poder ser respetados.
CIUDAD DE MÉXICO .- Tras refrendar el compromiso del Gobierno de México contra toda discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió al Poder Legislativo avanzar en las normas legales que otorguen mayores derechos a quienes integran este sector de la sociedad, incluso desde que son menores de edad.
Las preliberaciones “humanitarias por la pandemia” dejaron en libertad a dos personas que purgaban una condena por haber asesinado a sus parejas. El delito por el que estaban sentenciados fue homicidio calificado debido a que lo cometieron antes de la tipificación del feminicidio.
Las personas preliberadas tenían penalidades de hasta 40 años; sin embargo, con 19 años de cárcel fueron puestos en libertad toda vez que la ley establece que por cada dos días de trabajo se descuenta uno de pena, señaló Jesús Gerardo Herrera Pérez, director de la Defensoría Pública.
