Justo cuando se cerraron las puertas del penal de Ixcotel—que desde ayer quedó desocupado debido al mal estado de la estructura al ser un viejo cuartel militar—vino el recuerdo del peor amotinamiento del que se tenga historia en los penales del estado.

La puerta fue cerrada por el gobernador Alejandro Murat y el secretario de seguridad pública, Raúl Ernesto Salcedo; la misma en que el 17 de marzo de 1997 fue testigo de decenas de heridos y al menos siete muertos.

La historia

Todo estaba preparado.

Un hombre y una mujer, que armaron un zafarrancho en un local de venta de vestidos de novia, fueron detenidos por policías municipales al causarse lesiones mutuas en riña.

La Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana dio a conocer que los hechos ocurrieron este fin de semana en un local comercial ubicado en la calle de Morelos número 203.

Mientras realizaban sus patrullajes en el centro, los uniformados fueron alertados vía radio sobre el incidente.

El próximo martes 3 de noviembre más de ocho millones de personas adultas mayores y 800 mil personas con discapacidad recibirán el pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. Los pagos equivalen a dos mil 620 pesos cada bimestre y este 2020 se agruparon en cuatro emisiones por los adelantos otorgados  debido a la pandemia del covid-19.

Integrantes de agrupaciones triquis, que se disputan la venta de productos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, protagonizaron una riña campal.

El ataque dejó como saldo tres personas lesionadas, lo cual originó la movilización de las corporaciones policíacas.

El caso ocurrió cuando a la zona arribaron un grupo de comerciantes desplazados de San Juan Copala y empezaron a colocar sus puestos en la zona.

Los comerciantes armaron sus estantes con maderas, aún cuando no cuentan con permisos y hace unos días fueron retirados por inspectores.

Por la madrugada, y en un operativo sigiloso controlado por la Policía Estatal y la Guardia Nacional, los 906 hombres privados de su libertad en el penal de Ixcotel, fueron trasladados a distintas prisiones del estado, principalmente a Tanivet.

CIUDAD DE MÉXICO.- Les entregan ropa interior usada y manchadas, comida con gusanos, extensas jornadas de trabajo a cambio de una lata de Coca-Cola o una bolsa de papas. Así viven los migrantes en los centros de detención en Estados Unidos.

Bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), estos centros concentran a miles de indocumentados en proceso de deportación en condiciones que, según denuncias de los mismos recluidos y de activistas que defienden sus derechos, son infrahumanas. 

Después de cumplir su periodo de tres años, la activista por la defensa de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, Odilia Romero Hernández dejó ayer la coordinación general y renunció al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB).

De enero a julio del año en curso los elementos de la Guardia Nacional han rescatado en Oaxaca a 2 mil 414 migrantes centroamericanos, en la implementación del Plan Nacional de Migración y Desarrollo en la Frontera Sur.

Una comisión de militantes de organizaciones sociales adheridas a la Alianza Oaxaqueña de los Pueblos por la Justicia Social y a la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos se manifestó ayer en el zócalo, frente al Palacio de Gobierno, para demxandar el esclarecimiento del asesinato del fundador del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, sucedido el 22 de octubre del 2010.

Autoridades municipales y comunales mixes manifestaron su preocupación e indignación por la ocupación de la sede del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, por un grupo de personas del pueblo indígena otomí.

En un comunicado, ofrecieron su reconocimiento al INPI como una institución aliada de los pueblos indígenas y comprometida con su libre determinación y su autonomía, pero sobre todo, por impulsar una nueva relación con el gobierno federal, donde se les reconoce como sujetos de derecho y sujetos activos de su propio desarrollo e historia.