Agresiones físicas, detenciones arbitrarias, bloqueo informativo, hostigamiento, amenazas de muerte, así como el robo de equipo de trabajo, forman parte de las agresiones contra periodistas documentadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de enero a mayo de este año, en siete investigaciones abiertas.

Bajo fuego, de esta manera las y los periodistas de Oaxaca han tenido que desempeñar su labor, hecho que mantiene a la entidad en los primeros lugares del país por agresiones.

La Unión de Voceadores y Expendedores de Periódicos, Libros y Revistas del Estado de Oaxaca, felicita hoy 7 de junio a todos los trabajadores de los medios de comunicación, al festejarse el Día de La Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa, tal y cómo lo consagran los artículos 6 y Siete de nuestra Constitución Mexicana.

Vaya pues, nuestra felicitación para y todos y todas los representantes de los medios de comunicación.

Atentamente

Francisco Celis Vásquez, Secretario General y José Luis Martinez, Secretario de Prensa y Propaganda.

La libertad de expresión es un derecho ineludible de cualquier ciudadano y es fomentada dentro de la libertad de prensa, las reuniones, las manifestaciones, los derechos de petición y de participación política.

Esta se considera un derecho humano que está basado en la Constitución y es necesaria en nuestra naturaleza.

La Casa Hogar “Ciudad de los Niños” pidió la solidaridad de la sociedad civil para apoyar con alimentos a ese refugio, ante la escasez de donaciones debido a la emergencia sanitaria originada por el coronavirus.

El director de ese centro asistencial, Jesús Fajardo Cruz informó que la pandemia ha causado un descenso en la captación de alimentos, entre fruta, verduras, perecederos y no perecederos, porque la ciudadanía ha dejado de acudir a entregar sus donaciones.

“Como la gente ha dejado de venir, se ha reducido la despensa y la comida”, asentó.

A tres años de la suspensión del suministro del agua, el ayuntamiento de la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla demandó a los gobiernos federal y estatal, así como a los organismos de derechos humanos, la reconexión inmediata de su manantial y la investigación exhaustiva de las agresiones de Tamazulápam del Espíritu Santo, hasta llevar a los responsables a juicio.

En una carta, la autoridad municipal expuso que el 5 de junio 2017 significó una fecha lamentable para su comunidad al sufrir una agresión, porque aún permanece en sus memorias.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó un informe detallado a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) por los brotes de COVID-19 en los centros penitenciarios de Tanivet e Ixcotel.

Hasta el pasado 3 de junio sumaban 13 personas privadas de su libertad contagiadas de COVID-19, de las cuales 7 son del penal de Tanivet y 6 de Ixcotel. Ante estos casos, el 25 de mayo el órgano autónomo abrió el Cuaderno de Antecedentes DDHPO/CA/0218/(24)/OAX/2020.

Alejandro Mayoral Silva, director de la Casa Hogar Municipal del Adulto Mayor, ubicada en la agencia de Santa Rosa Panzacola, afirmó que no hay brotes de casos positivos de COVID-19 en pacientes, ni en el personal.

Ante los efectos en la economía ocasionados por COVID 19, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Horacio Sosa Villavicencio, intervenir para que se congele el pago de servicios básicos y se entreguen transferencias económicas directas a hogares campesinos, artesanos y a familias en situación de pobreza, especialmente de las comunidades indígenas.

Recortar el presupuesto a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI´S) es atentar contra el acceso a la justicia de las mujeres en mayor grado de marginación y pobreza, pues 98% de las mujeres atendidas son de escasos recursos, hablantes de lengua indígena y que habitan en localidades alejadas.

A 11 años del incendio en la guardería ABC, el gobierno federal refrendó su compromiso para  que “no haya impunidad y se castigue a los culpables de esta tragedia derivada de la corrupción y la negligencia”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.