Ante los efectos en la economía ocasionados por COVID 19, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Horacio Sosa Villavicencio, intervenir para que se congele el pago de servicios básicos y se entreguen transferencias económicas directas a hogares campesinos, artesanos y a familias en situación de pobreza, especialmente de las comunidades indígenas.
En un documento suscrito por la directora Carmen Santiago Alonso, la organización sostuvo que la pandemia sanitaria puede convertirse en una severa pandemia social porque la contingencia sanitaria ha mostrado una vez más las debilidades en los sistemas de salud pública y protección social, así como la fragilidad de los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Subrayó que si bien existen claros y suficientes estándares en los sistemas universal e interamericano de derechos humanos respecto a los derechos de los pueblos indígenas durante las pandemias y contingencias sanitarias, no son acatados por las autoridades gubernamentales.
Observó que se han diseñado medidas sin establecer un diálogo con las comunidades indígenas al cerrar los espacios donde se distribuyen los productos y sin adoptar medidas para apoyarlas económicamente.
Destacó que los costos de cultivos han presentado una baja de precios significativa afectando la economía de familias enteras.
Solicitó el congelamiento de pagos de servicios básicos como energía eléctrica y el aumento del gasto social a través de la expansión de transferencias monetarias directas a hogares campesinos, artesanos y a quienes se encuentran sin salario o a familias en situación de pobreza, así como la entrega de paquetes de alimentos.
Requirió salvaguardar el derecho a la alimentación garantizando el abasto de alimentos.
En la comunicación, firmada también por Copuda, también pidió que el Congreso del Estado atienda la recomendación de la FAO, y el gobierno estatal declare la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población.
