La violencia política que enfrenta la síndica de Santiago Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, a quien le han impedido asumir sus funciones, escaló a un nivel que coloca su vida en riesgo.
La síndica indicó que además de las amenazas recibidas, es víctima de acoso. “Me tienen vigilada, me mandan a seguir. He callado tres meses pero llega un momento en que ya no es posible porque la violencia está creciendo”, señaló.
El Estado mexicano intenta sepultar en el olvido la detención-desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sucedido el 25 de mayo de 2007 en esta ciudad, porque muchos de los responsables fueron asesinados.
“Lo que quieren es borrar toda línea que conduzca en la cadena de mando a los autores intelectuales y así tender un manto de impunidad”, afirmó Nadín Reyes Maldonado, hija de una de las víctimas.
El acoso sexual y el delito de violación de profesores hacia alumnas es una realidad oculta en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Las cifras de los casos son inciertas pues en muchos casos no hay denuncias debido al poder de jerarquía que existe de docentes a alumnas.
Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca están de acuerdo con la participación de las mujeres en el ámbito político electoral, pero no a la imposición de las formas, mecanismos y tiempos, afirmó la presidenta de la organización Servicios del Pueblo Mixe (Ser), Sofía Robles Hernández.
La Fiscalía General del Estado reconoció que las normas legales para castigar el feminicidio en Oaxaca son obsoletas y están totalmente desfasadas. En tanto, de acuerdo con organismos de la sociedad civil, en lo que va de este año suman aproximadamente 50 asesinatos de mujeres por razón de género.
A un mes de cumplirse un año del desalojo de maestros e integrantes de otros organismos sociales por parte de policías federales y estatales, y ocurrido en Asunción Nochixtlán, que dejó un saldo de ocho muertos y un centenar de heridos, no hay responsables ni mucho menos detenidos a pesar de existir fotografías y videos, lamentó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El periodista Salvador Adame fue secuestrado por hombres armados en el estado mexicano de Michoacán (oeste), dijo este viernes su familia a la AFP, en una semana complicada para la prensa local tras el asesinato de un reportero.
Adame, propietario de un canal de televisión local, fue secuestrado el jueves en el municipio de Nueva Italia, en el centro de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado.
El diputado local suplente por el distrito 8, con sede en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, José Alejandro López Sánchez, fue denunciado penalmente por amenazar de muerte a cinco jóvenes con un arma de uso exclusivo del Ejército, de las conocidas como Cuerno de Chivo.
El regidor y secretario regional de la CTM en Tlaxiaco, Raúl Naduvic Velasco Cruz, comentó que, después de disputar un partido de fútbol con compañeros de su organización, algunos jóvenes acudieron a la calle Tierra y Libertad, del fraccionamiento La Cascada, para tomarse un refresco.
Un documento emitido el 2 de agosto de 1976 revela que el Gobierno Federal a través de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), pagó una indemnización de 107 mil 610 pesos a una particular por el terreno que ocupa hoy la presa Rompepicos.
El oficio con número 3631 emitido por la Dirección General de Aprovechamiento Hidráulico y Departamento de Indemnizaciones señala que el monto cubre la indemnización “por afectaciones con motivo de la construcción de obras de la presa reguladora San Felipe".
A cuatro años de su detención, familiares de los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y activistas sociales, encarcelados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, exigieron al Estado mexicano su liberación por no estar probada su responsabilidad en el secuestro de los hermanos Álvarez Benfield, imputado por la Procuraduría General de la República.
