Para la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca (Umuvio), integrada por 300 madres cuyas hijas han sido asesinadas, violadas, secuestradas o desaparecidas, no existe un interés del gobierno para frenar la ola de feminicidios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó y concedió la suspensión para que el Poder Ejecutivo de Oaxaca se abstenga de interrumpir o suspender la entrega de los recursos que por ley le corresponden al municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Jamiltepec.
En acato a lo anterior, la Secretaria de Finanzas del gobierno estatal,se vio obligada a transferir a favor de ese gobierno municipal los recursos de los ramos 33 y 28 de los primeros cuatro meses del año, que equivalen a menos de dos millones de pesos.
“El magistrado Víctor Manuel Jiménez Viloria me pidió un millón de pesos mensuales para dejarme trabajar como presidente del tribunal electoral, tengo la tarjeta donde me hace la propuesta de su puño y letra”, acusó el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Raymundo Wilfrido López Vásquez.
A diez años de la detención-desaparición forzada de sus militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sucedida en esta ciudad, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) responsabilizó al Estado mexicano de los hechos y subrayó que si la justicia es negada por las instituciones burguesas, el pueblo y sus organizaciones “tienen el inalienable derecho de procurarla y ejercerla por todos los medios”.
Representantes de la Central de Agrupación de Taxistas y Conexos del Estado de Oaxaca (CATCEO) exigieron al Fiscalía General realizar una investigación pronta y castigar a los responsables del asesinato de Luis Alberto Ramírez Pulido, chofer del sitio Alameda.
El dirigente de CATCEO y presidente del sitio Alameda, Rodrigo Mendoza Barranco, pidió a la dependencia estatal garantizar que la carpeta de investigación que se integre no quede en el olvido, como otros homicidios de taxistas.
Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) que se mantienen en el edificio central de la institución, presentaron una denuncia penal ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del rector Eduardo Carlos Bautista Martínez, el director Miguel Ángel Vásquez Ramírez, el director de redes, Abraham Martínez Helmes, y los integrantes profesores y alumnos del consejo técnico, por desacato a un mandato judicial y falsificación de informes.
En el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres que se conmemora el 28 de mayo, organizaciones feministas pidieron al Congreso del Estado de Oaxaca la ampliación de causales para el acceso a un aborto legal.
Las activistas plantearon incluir dentro del marco jurídico los motivos de salud para que las mujeres que padecen algún tipo de cáncer o enfermedad crónico degenerativa como la insuficiencia renal, puedan interrumpir un embarazo.
En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil demandaron al congreso del estado ampliar las causales de aborto legal en Oaxaca para garantizar el derecho a la salud de las mujeres que por un embarazo pueden poner en riesgo su vida ante una enfermedad.
La representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), Mayra González Aldaz señaló que sólo en 14 estados del país se ha despenalizado el aborto por la causal de riesgos a la salud.
PUEBLA, Pue. (apro).- Jennifer Flores Tlapale, de 15 años, fue rescatada esta tarde cuando estaba a punto de ser vendida por su captores, quienes la habían secuestrado desde el viernes 12.
De acuerdo con sus familiares, la estudiante de bachillerato logró quitarle el celular a uno de sus secuestradores para comunicarse a su casa y avisarles el lugar en el que se encontraba para que la rescataran.
Desde su exilio en Europa, Juan Sosa Maldonado, encarcelado en la década de los 90 por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), demandó la liberación del defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Damián Gallardo Martínez, quien está sometido a proceso por el secuestro de los hermanos Álvarez Benfield.
