Los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca están de acuerdo con la participación de las mujeres en el ámbito político electoral, pero no a la imposición de las formas, mecanismos y tiempos, afirmó la presidenta de la organización Servicios del Pueblo Mixe (Ser), Sofía Robles Hernández.
La primera presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec, sostuvo que en el reciente Foro Estatal sobre Derechos Indígenas, se abordaron las recientes reformas hechas por el Congreso del Estado, para establecer la “paridad de sexo” en los pueblos y comunidades indígenas regidos por sistemas normativos internos, y se entendieron las razones de su promoción porque en muchos lugares aún se da la discriminación y violencia hacia la mujer, mientras en otros, no se reconoce sus importantes aportes familiares y comunitarios.
Sin embargo, subrayó que la imposición de esta medida al amparo de estos casos, vulnera la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, pues no permite las modificaciones a nuestras normas y formas de organización se realicen conforme a sus tiempos y circunstancias específicas.
Además, observó que en la concepción del Congreso del Estado, la participación política de las mujeres implica grandes salarios, muchos privilegios y un escalón para ocupar otros cargos mejor remunerados, pero en los pueblos y comunidades indígenas, se brinda un servicio comunitario, muchas veces de manera gratuita y en otros, con dietas meramente simbólicas.
De esta manera, destacó que si se impone la paridad de sexo, se pondrían nuevas y más obligaciones a las mujeres, sin antes haber creado las condiciones necesarias, y así en muchos casos, existe el riesgo de una simulación de la participación de la mujer para evitar más cargas de trabajo gratuito.
Toda imposición –anotó–, es antidemocrática y terminará por sumarse al contexto de agresión, arbitrariedad y colonialismo al que han sido sometidos históricamente nuestras comunidades y pueblos indígenas.
Aparte de esto, subrayó que el intento de crear una nueva instancia para calificar las elecciones en los pueblos indígenas constituye una franca intromisión de los partidos políticos en la vida de nuestras comunidades.
