La empresa Ralca, S.A. de C.V., promovió demanda de tipo mercantil contra autoridades estatales por un adeudo derivado de la adquisición de medicamentos para los Servicios de Salud de Oaxaca, por el orden de los diez millones 810 mil 174. 85 pesos, que data de hace 380 días.

De acuerdo a lo informado por el apoderado legal de la empresa, Víctor Espinoza, el adeudo corresponde a medicamentos que fueron entregados al Centro de Oncología y Radioterapia (Coro), así como a los hospitales general Doctor Aurelio Valdivieso y de la Niñez Oaxaqueña.

En los últimos 18 años, en Oaxaca se lucró con las concesiones para el servicio público de transporte. Se incrementó en más del 800 por ciento, al pasar de 5 mil 332 en 1998 a 45 mil 174 a diciembre de 2016, según un informe interno de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).

En el 2016 se otorgó un total de ocho mil 93 concesiones para el transporte público en diferentes modalidades, que implican el 17 por ciento de las 45 mil 174 concesiones, según un informe de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).

El Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo informe sobre los nombres, los criterios, la periodicidad y los montos que destinan para el apoyo a organizaciones sociales, recursos que ascienden a mil millones de pesos.

Pese a la inversión de 215 millones 421 mil pesos realizada a los largo de cinco años por parte de gobiernos municipales y recursos federales, las plantas de tratamiento de aguas residuales se convirtieron en elefantes blancos infuncionales y, las que lo hacen, laboran a medias o a mucho menos de su capacidad instalada.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) federal contrató a dos constructoras con antecedentes negativos, para la edificacion de la sala de urgencia del Hospital de Alta Especialidad Presidente Benito Juárez.

En 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimiento sancionador a la empresa Administradora de Capitales de México S. de R. L. por presuntamente falsificar convenios para acreditar experiencia.

A pesar de que el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca vigente obliga a los tres poderes del estado, organismos descentralizados, fideicomisos, órganos autónomos, sindicatos y partidos políticos a poner a disposición de los ciudadanos, sin que medie solicitud alguna, 20 obligaciones de transparencia los portales de los sujetos obligados están sin actualizar o simulan información.

El secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), José Luis Calvo Ziga, enfrenta reclamos por la presunta comisión de un fraude de 10 millones de pesos en contra de la empresa Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental (SICA), encargada hasta marzo de 2017 de la operación del relleno sanitario de Zaachila.

El gerente general de la empresa, Jorge Sánchez Gómez, acusó que Calvo Ziga, además de fraude, incurrió en abuso de poder y confianza, así como uso indebido de la función pública.

Los oaxaqueños ya pagaron 608 millones de pesos de más por la Ciudad Judicial, y de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, aún deberán pagar otros 662 millones en los próximos años.

Este complejo de 13 edificios ubicado en la agencia Municipal de Reyes Mantecón, es la una Asociación Público Privada (APP) que mantiene vigente el Gobierno del Estado. Apenas en hace 7 meses, la anterior administración terminó de pagar la ciudad Administrativa, que también estaba bajo la misma modalidad contractual.

Los 123 sujetos obligados por la normatividad vigente tienen hasta el 4 de mayo de este año para realizar la carga de información de la información pública de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia, concretamente, en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), de no cumplir con este plazo, quedarán expuestos a las sanciones que la Ley General de Transparencia y la norma local prevén para estos casos, informó el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP), Francisco Álvarez Figueroa.

Vecinos de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón del Fovissste denunciaron que el presidente del lugar, Obdulio Zafra Soriano, se ha negado por 12 años a rendir cuentas sobre los ingresos anuales que se perciben, por lo que exigieron una asamblea general informativa de actividades, ingresos y egresos.