Los 123 sujetos obligados por la normatividad vigente tienen hasta el 4 de mayo de este año para realizar la carga de información de la información pública de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia, concretamente, en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), de no cumplir con este plazo, quedarán expuestos a las sanciones que la Ley General de Transparencia y la norma local prevén para estos casos, informó el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP), Francisco Álvarez Figueroa.
Dijo que adicionalmente a la carga de información en la PNT, los sujetos obligados, es decir los tres poderes del estado, organismos descentralizados, órganos autónomos, sindicatos, partidos y particulares que reciban recursos públicos, deberán hacerlo en sus propios portales de Internet, se trata de 48 obligaciones que les son comunes, y otras tantas específicas que aplican según sea el caso.
Explicó que los sujetos obligados comprenden además de los funcionarios de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los partidos políticos, fideicomisos, y sindicatos que reciban recursos públicos con el fin de rendir cuentas a la sociedad.
“Según lo mandata la normatividad vigente, el incumplimiento podrá ser sancionado a partir del 5 de mayo, por lo tanto, no es oportuno realizar pronunciamiento alguno en este momento respecto a la desactualización de la información contenida en los portales de transparencia del Ejecutivo”.
Sostuvo que en el caso de requerir alguna información pública, los ciudadanos pueden presentarse una solicitud de información por escrito ante la dependencia responsable, y en caso de no obtener respuesta, el IAIP aplicará las sanciones contempladas en la legislación después de concluir el proceso.
“Es pública y debe estar a disposición de la sociedad la información sobre sueldos, salarios, prestaciones, ubicación, nombre de los titulares, contratos, organigrama, asignaciones de obra, licitaciones, entre otras; son 48 obligaciones comunes que deben transparentarse”.
Álvarez Figueroa comentó que desde la sociedad civil existen organizaciones que observan la marcha de la transparencia en distintos sujetos obligados y realizan sus propias evaluaciones nacionales, tal es el caso de la evaluadora Aregional que tutela el Índice de la Transparencia y Disponibilidad de la información Fiscal (ITDIF) que evalúa a los ejecutivos estatales, o el Índice de Transparencia Presupuestal Municipal, ambos, miden la calidad de la disponibilidad de la información relativa a gestiones financieras de los gobiernos, mismas que deben publicar en sus portales electrónicos oficiales, y cuyos resultados deberán dar a conocer ellos mismos a la opinión pública.
“Además, existen otros indicadores que miden la rendición de cuentas y transparencia respecto a la disponibilidad de los gobierno estatales y municipales por publicar información financiera de su gestión, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desarrolla el Índice de información Presupuestal Estatal (IIPE), y el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) que miden la calidad de la información presupuestal que ponen a disposición de la ciudadanía los municipios y gobiernos locales a través de portales y plataformas tecnológicas. Por otra parte, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con sus propios mecanismos de evaluación de la calidad de información fiscal que los gobiernos proporcionan”.
