La Auditoría Superior del Estado (ASE) acusó al Gobierno del Estado de no informar a detalle sobre los pagos realizados a Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial durante el año pasado.
A la revisión de la Cuenta Pública 2016, hasta el primer semestre, este órgano fiscalizador advirtió el reporte incompleto.
El Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo informe sobre los nombres, los criterios, la periodicidad y los montos que destinan para el apoyo a organizaciones sociales, recursos que ascienden a mil millones de pesos.
A pesar de que el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca vigente obliga a los tres poderes del estado, organismos descentralizados, fideicomisos, órganos autónomos, sindicatos y partidos políticos a poner a disposición de los ciudadanos, sin que medie solicitud alguna, 20 obligaciones de transparencia los portales de los sujetos obligados están sin actualizar o simulan información.
Los oaxaqueños ya pagaron 608 millones de pesos de más por la Ciudad Judicial, y de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, aún deberán pagar otros 662 millones en los próximos años.
Este complejo de 13 edificios ubicado en la agencia Municipal de Reyes Mantecón, es la una Asociación Público Privada (APP) que mantiene vigente el Gobierno del Estado. Apenas en hace 7 meses, la anterior administración terminó de pagar la ciudad Administrativa, que también estaba bajo la misma modalidad contractual.
Los 123 sujetos obligados por la normatividad vigente tienen hasta el 4 de mayo de este año para realizar la carga de información de la información pública de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia, concretamente, en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT), de no cumplir con este plazo, quedarán expuestos a las sanciones que la Ley General de Transparencia y la norma local prevén para estos casos, informó el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP), Francisco Álvarez Figueroa.
En respuesta al reclamo popular de transparencia y rendición de cuentas, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González y el gobernador Alejandro Murat, pondrán en marcha una ventanilla única de denuncia a funcionarios, y tomarán protesta a los Comités de Contralores Sociales que en una primera etapa abarcarán 170 municipios, para vigilar de cerca el uso de los recursos públicos.
Habitantes de San Agustinillo y La Florida, del municipio de Santa María Tonameca, acusaron a las Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de la 63 legislatura, que integran los diputados Eva Diego Cruz, Laura Vigñón Carreño, Gustavo Marín Antonio, Javier Velásquez Guzmán y Juan Bautista Olivera Guadalupe, de proteger al ex presidente municipal Fernando Mendoza Reyes, hermano del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes.
Surgida a partir del proceso electoral 2015 a propuesta de organismos civiles, la iniciativa “3de3” sigue siendo desdeñada en el país, pero más en Oaxaca.
El pasado martes, el Gobierno del Estado informó que todos los integrantes del gabinete cumplieron con esa medida, pero ninguna declaración de ellos está publicada en el sitio www.3de3.mx.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, debe reabrir el caso del ex Secretario de Salud, Germán Tenorio, y obligarlo a regresar parte de la multimillonaria suma de dinero que presuntamente desvío como titular de la dependencia.
Para ello, la Contraloría estatal debe seguir las rutas jurídicas para asegurar al ex funcionario sus millonarios bienes patrimoniales, señaló en entrevista grabada Esther Merino, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un subejercicio por 271 millones 6 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en el ejercicio fiscal 2015, mismos que debieron utilizarse en ejecución de obras y acciones de asistencia social infraestructura de educación básica y superior.
