A dos meses de haber sido integrado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, este órgano públicamente es inexistente.

No hay registro público, ni siquiera, respecto a la ubicación de alguna oficina.

El Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) no localizó a este nuevo órgano local para notificarle el juicio de amparo en su contra, promovió por el ex consejero electoral, Uriel Pérez García.

Y la declaró inexistente.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción subió a la red una página vacía.

Este portal electrónico solo contiene, en su portada, diez videos de los ciudadanos que contendieron por el puesto de Secretario Técnico.

En la parte superior están anunciadas tres secciones: inicio, aspirantes y actas. La primera y la segunda tienen el mismo contenido, que corresponde a las entrevistas que el Comité realizó, en febrero, a los aspirantes al cargo de Secretario Técnico.

La Confederación de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca solicitó al gobernador del estado y la 63 legislatura estatal dotar, sin dilación alguna, de recursos presupuestales suficientes para que el Comité del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción comience a operar de inmediato.

Así como que a la brevedad posible se cuente con la Plataforma Digital Estatal, la cual es una herramienta tecnológica establecida en la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y que es obligación desarrollarla en cada estado.

El Gobierno del Estado ocultó la relación de vehículos que integran su padrón.

A diferencia de la administración estatal anterior, no se transparentó la matrícula de cada una de las unidades de motor que pertenecen a todas las dependencias estatales.

En el listado publicado en el portal de transparencia presupuestaria, el Gobierno oaxaqueño solo informó del número de vehículos asignados a cada oficina pública, el costo económicos de éstos.

Una revisión que realizó la organización Borde Político a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló inconsistencias en los recursos ejercidos por municipios de Oaxaca en el 2016, entre los que sobresale San José Chiltepec, que no pudo comprobar en qué utilizó 16 millones 505 mil 600 pesos.

CIUDAD DE MÉXICO 04-Mar-2018 .-Ex Ediles de Oaxaca en el sexenio anterior, acusaron que una empresa ligada al ex subsecretario de Finanzas del Gobierno estatal, Alberto Benítez Tiburcio, cobró "moches" millonarios a cambio de "bajarles" recursos federales de los Ramos 28 y 33.

La empresa lleva el nombre de Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental S.C. (Sifeg) y está dedicada a servicios de consultoría en administración.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) simuló la realización de una encuesta para justificar un gasto cercano a los 5 millones de pesos.

De acuerdo con los resultados de la auditoría número 1258-DS-GF a los recursos 2016 del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno del Estado no presentó evidencia que demostrara la realización de esta encuesta “a la ciudadanía en general vía telefónica”.

Proveedores de uniformes escolares alzan la voz ante la falta de pagos por parte del Gobierno del Estado, de la dirección de finanzas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de la Secretaría de Finanzas. La deuda que tienen con ellos suma 143 millones de pesos.

El Gobierno del Estado a través del programa Vamos Juntos a la Escuela, dotó de uniformes escolares a más de 900 mil alumnos. Para alumnos de zonas rurales, contrató los servicios de una empresa mediante una licitación nacional.

En el ejercicio fiscal 2017 Oaxaca pagó 2 mil 26 millones 77 mil 400 pesos por concepto de servicio de deuda pública y obligaciones de pago, con recursos de las participaciones, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), recursos fiscales no etiquetados y del crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) denominado Mas Oaxaca.

De los 38 mil 271 trabajadores de base y confianza del gobierno del Estado, alrededor del 15 por ciento, es decir 5 mil 740 empleados, son “aviadores” o marcan su tarjeta de asistencia y no laboran, afirmaron fuentes de la Secretaría de Administración.

Los informantes confiaron que incluso esta cantidad es moderada, porque no existe una estadística sobre el particular.