El Congreso de Oaxaca es uno de los 4 del país que se niega a recibir asesoría legislativa y a que sus movimientos fiscales sean supervisados por un consejo ciudadano al interior del recinto, según detalla el Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Esto, a pesar de que los diputados de la actual legislatura han reportado altos índices de improductividad, pues tan solo en 2017, los legisladores dejaron en el cajón 63% de iniciativas de ley que tenían que aprobar o desechar.

“Si hablas con ella, no importa si no vas al examen final”, es el comentario que dejó uno de sus alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca respecto a la ahijada del gobernador, recién electa comisionada del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP), María Antonieta Velásquez Chagoya.

El problema es que, al calificar su desempeño como profesora de Derecho de Bienes, le asigna 6 en facilidad, 8 en ayuda (está claro por qué) y 6 en claridad.

A una semana de que se cumpla un año del terremoto del 7 de septiembre de magnitud 8.1 grados que devastó la zona del Istmo de Tehuantepec, a la fecha quedan pendientes 500 tarjetas por entregar a familias damnificadas.

Ayer, el gobernador Alejandro Murat aseguró que hay importantes avances y se han aplicado los recursos destinados para este proceso.

El Presidente Enrique Peña Nieto informó que se indemnizó a Oaxaca con 786 millones de pesos, tras el sismo del 7 de septiembre de 2017.

En el Sexto Informe de Gobierno, explicó que este dinero provino del Seguro Catastrófico de Entidades Federativas del FONDEN, desarrollado a partir de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos (EGIR), que cada entidad federativa elaboró.

"En diciembre de 2017 se pagó al estado una indemnización de 786 millones de pesos, equivalente al 100% de la suma asegurada neta", expuso.

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ha solventado el gasto de 5 mil de los 19 mil millones de pesos que los funcionarios del sexenio del gobernador Gabino Cué Monteagudo no justificaron ante la Federación.

El titular de la dependencia, José Ángel Díaz Navarro, señaló en entrevista para NOTICIAS que han reforzado la documentación y recopilado información para comprobar el manejo financiero de la administración anterior, y ello les ha permitido "ir entendiendo lo que sucedió".

"No voy a dar entrevista alguna" respondió ayer Ignacio Toscano, encargado de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) a NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca.

El funcionario sostuvo que "más adelante" informará detalladamente sobre los gastos que hizo la dependencia en las fiestas de la Guelaguetza y, específicamente, respecto del señalamiento de la cantante Lila Downs por inflar los costos de su concierto.

Hasta el último día de marzo de 2018, 49 gobiernos municipales no habían explicado el gasto de más de 618 millones de pesos, ejercidos durante el año 2016.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) reveló que, durante el año pasado, realizaron revisiones en 55 municipios, de los cuales en 49 se determinó un probable daño patrimonial; en el resto de las localidades, las auditorías presentaron retrasos por conflictos político-sociales.

A cinco días para el regreso a clases, ni el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ni el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) han incumplido con la transparencia sobre la información del proceso de reconstrucción de escuelas.

Lo mismo sucede con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Infed) que tampoco revela el status real de avance del proceso no sólo de Oaxaca si no en los nueve estados que sufrieron daños por los sismos de septiembre de 2017.

Francisco Ángel Villarreal, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) evitó hablar sobre los desvíos que la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) ha detectado sobre el Fondo de Operación de la Nómina Educativa (FONE).

Ángel Villarreal argumentó que esos desvíos ocurrieron antes del 2015, cuando el IEEPO estaba bajo el control de los trabajadores, sin embargo, la ASF detectó irregularidades por 324 millones de pesos por pagos a la nómina en 2016.

Aunque el Congreso del Estado autorizó en un inicio solamente 11 millones de pesos para los gastos del Hangar de Gobierno, la Secretaría de Finanzas (Sefin) invirtió en ello más de 38 millones de pesos en los últimos seis meses. En promedio, 212 mil pesos diarios.

El informe del primer semestre de 2018 sobre el seguimiento del gasto operativo del recurso público de la Sefin expone que el costo de este rubro fue mayor a lo que el Gobierno dedicó a la política pública orientada hacia las mujeres o a los pueblos indígenas.