La Secretaría de Finanzas asignó el contrato para el estudios del Centro Cultural “Álvaro Carrillo” a la empresa Altor Finanzas e Infraestructura S. C., que es propiedad Fernando Aportela, ex Subsecretario de Hacienda.
Este funcionario fue el colaborador más cercano a Luis Videgaray, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros cuatro del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
La falta de claridad del monto total de recursos, tanto oficiales como donaciones de la ciudadanía y organismos internacionales para la reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, llevó a la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam) a demandar transparencia.
El Gobierno del Estado contrató este año a la empresa “Servicios Profesionales Gisnet S. C:”, que está vinculada a la “Estafa Maestra”.
Esta compañía forma parte de un grupo de seis que fueron subcontratadas por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM); para atender los contratos que a su vez suscribió en el año 2014, con el Registro Agrario Nacional (RAN).
La empresa Servicios Profesionales Gisnet S. C. firmó en un solo día, dos contratos millonarios con la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca.
Esta compañía, que formó parte de la red de corrupción denominada Estafa Maestra, fue beneficiada con los contratos de prestación de servicios CASF/01/2018 y CASF/02/2018; los cuales suman más de 11 millones 622 mil 539 pesos.
Ambos convenios corresponden a servicios para el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.
Un semestre después de que la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) quedó sin titular, el crecimiento de la nómina, los gastos en salarios y bonos, y los viajes de representación han ido en aumento.
En contraste, las obligaciones en transparencia las metas de programas o el sueldo de los altos funcionarios, como Ignacio Toscano, quien quedó como encargado de despacho, no se han actualizado.
Con dinero público, el gobierno del Estado instaló el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo (CRAD) Venustiano Carranza, que deja ganancias millonarias a la empresa Licodep S. A.
Sin ningún proceso de comodato ante el Congreso del Estado, a mediados de 2016, la anterior administración entregó a esta compañía la operación y usufructo del gimnasio, albercas, cinco salas polivalentes, áreas comerciales, sanitarios y vestidores. El actual Gobierno estatal, que inició hace casi dos años, mantiene este convenio.
El combate contra la pobreza en la entidad va acompañado de la ilegalidad, la falta de transparencia, la ausencia del manejo del dinero y la turbiedad en los resultados.
De los 72 programas que, según el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, operan en Oaxaca, ninguno cumple con las obligaciones mínimas de institucionalidad; es decir, se ejecutan en la completa opacidad.
El Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) ha gastado más de 50 mil pesos para que los funcionarios de la dependencia asistan a eventos, congresos, o convenciones en diferentes partes del paìs en los últimos seis meses del año, de acuerdo a cifras oficiales
Esta cifra supera casi 3 veces lo que la dependencia erogó entre enero y diciembre del 2017, según señala el último informe de Gastos de Representación de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Con lo que en medio año ya ha duplicado lo aplicado todo el año pasado en gastos de representación.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que el Gobierno de Oaxaca rehuye a la transparencia.
El investigador de esta organización civil, Diego Díaz señaló que, a partir del año pasado, Oaxaca dejó de ser referente nacional en apertura a la sociedad del gasto de recursos públicos, a través de la elaboración de un presupuesto ciudadano.
Las mujeres se impusieron en la integración del Instituto de Acceso a la Informaciòn Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), luego de la designación de los integrantes de la 63 Legislatura local de quien será la nueva comisionada para el Consejo General y las tres integrantes del Consejo Consultivo de ese órgano.
