La disputa por el control de la Facultad de Enfermería entre el Sindicato Único de Maestros (SUMA) y una fracción del Sindicato de Trabajadores y Administrativos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), originó por tercer día consecutivo que los casi 25 mil alumnos que diariamente acuden a Ciudad Universitaria (CU) se quedaran sin clases.
Brindar certeza jurídica a las tierras y parcelas de las y los oaxaqueños, constituye uno de los ejes prioritarios del Gobierno de Gabino Cué, toda vez que durante esta administración se han regularizado más de 3 millones 22 mil metros cuadrados, que representan una superficie de 8 mil 351 predios en las ocho regiones del estado.
Luego de que esta semana Ciudad Universitaria (CU) se paralizó por la “toma” realizada por integrantes de una fracción del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Oaxaca (STAUO), estudiantes y catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), denunciaron una serie de anomalías cometidas por el ahora secretario de Administración, Taurino Amilcar Sosa Velasco.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un presunto desvió de recursos públicos por 44 millones 438 mil 163 pesos con 730 centavos en el ejercicio presupuestal 2015 y el primer trimestre de este año.
En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASE subraya que la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca (Sinfra) no justificó 37 millones 684 mil 110 pesos.
Como resultado de la política de austeridad implementada por la administración de Gabino Cué, así como del manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, el Gobierno de Oaxaca –a través de la Secretaría de Finanzas– suscribió este lunes la Firma del Finiquito con la empresa Sociedad de Objeto Específico (SOE), que ampara el pago total del complejo de Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, en Tlalixtac de Cabrera.
La 62 Legislatura estatal estableció un plazo de tres años a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fincar responsabilidades e imponer sanciones a los funcionarios públicos que haya cometido alguna irregularidad administrativa o delito penal en el desempeño de su encargo, cuando en otros estados el mismo es de cinco años.
De acuerdo a la iniciativa presentada por el diputado priísta Adolfo Toledo Infanzón, se establece que las facultades de la Auditoría Superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer sanciones, prescribirán en tres años.
