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Recortan sólo a 3 años tiempo para investigar corrupción de funcionarios en Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

La 62 Legislatura estatal estableció un plazo de tres años a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fincar responsabilidades e imponer sanciones a los funcionarios públicos que haya cometido alguna irregularidad administrativa o delito penal en el desempeño de su encargo, cuando en otros estados el mismo es de cinco años.

De acuerdo a la iniciativa presentada por el diputado priísta Adolfo Toledo Infanzón, se establece que las facultades de la Auditoría Superior del Estado para fincar responsabilidades e imponer sanciones, prescribirán en tres años.

 

Esto cuando en la ley vigente no hay un plazo preciso para tales acciones.

 

Esto a pesar de que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 18 de julio del 2016, en el título de la Prescripción de Responsabilidades, el artículo 78 establece que la acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por faltas administrativas graves prescribirá en siete años.

 

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Riesgo de impunidad

 

Esta disposición lejos de ampliar el plazo para fincar responsabilidades a los funcionarios que cometan ilícitos o irregularidades administrativas en el desempeño de su encargo, la limita únicamente a 36 meses con lo que lejos de abatir la corrupción, promueve la impunidad.

 

Aunque en la exposición de motivos, se manifieste que la reforma obedece a encarar los actos de corrupción “con mecanismos legales que conlleven al servidor público a observar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

 

TIEMPO PARA QUE LA ASE PROCEDA CONTRA PRESUNTOS CORRUPTOS

 

36 meses

 

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