A un año del asesinato de Pablo Santiago González y Daniel Bautista Cruz, en el municipio de San Pedro Cajonos, sus viudas Arcelia Díaz Cruz y Betzayra Mazas Martínez exigen al gobierno del estado justicia.

Hoy, cuando se cumplen 365 días de los crímenes perpetrados por habitantes de la agencia municipal de San Miguel Cajonos, ambas mujeres acusan que las autoridades estatales lejos de cumplir con la ley, “se siguen burlando de nuestro dolor y del dolor de nuestros hijos”.

Un nuevo gobierno, el de Enrique Peña Nieto dejó sin indemnización a más de 100 indígenas chinantecos y mazatecos de municipios de la Cuenca del Papaloapan, pues sus tierras fueron afectadas por la construcción de las presas Miguel Alemán Valdés y Miguel de la Madrid.

“Son ya más de 60 años de engaños”, afirmó el dirigente del Consejo Regional Chinanteco Mazateco y Cuicateco (Corechimac), Juan Rojas Morales.

Bodoque, como le llama su hermana, camina presurosa por las empinadas calles de la colonia Lomas de San Jacinto; a sus nueve años, asiste a la escuela por la mañana, pero en la tarde se dedica a la venta de dulces, pues debe ayudar con los gastos de la casa, donde vive con su tía y su hermana.

Como Bodoque, 168 mil niños oaxaqueños pasarán las fiestas navideñas trabajando, niños a los que la pobreza los obliga a mantenerse por sus medios, para ellos no habrá cena y los regalos son un sueño; la mamá de Bodoque tiene otra familia y ni siquiera conoció a su papá.

En la entrada del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca ( CCO), familiares de Ivanna Mingo, joven que falleció el 21 de octubre en un accidente automovilístico, exigen que se haga justicia en el caso, pues aseguran, el responsable es Alfredo Cervantes, líder juvenil del Partido Revolucionario Institucional.

El ex preso político Juan Sosa Maldonado, a quien el Estado mexicano encarceló por supuestamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador crear una Comisión de la Verdad para investigar la represión desatada por los gobiernos federal y estatal a mediados de la década de los 90 en San Agustín Loxicha.

“No es posible retroceder y eliminar políticas de avanzada que ya estaban. No es posible disminuir presupuestos, todo debe ser progresivo y no regresivo”, señaló la antropóloga y política Marcela Lagarde de los Ríos frente al planteamiento de recorte al presupuesto de género proyectado por el gobierno federal para el 2019.

La ex legisladora federal convocó a la conformación de un frente y red nacional común, con la que, a través de las vías institucionales, “defendamos lo que es nuestro”.

Con la desaparición del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) existente desde hace 12 años, la menos 700 mujeres víctimas de violencia de género quedarán desprotegidas de atención jurídica y psicológica.

De acuerdo con información de la instancia en Oaxaca, actualmente el área de trabajo social tiene 703 casos en proceso; el área psicológica 675; el área jurídica 640; correspondientes a la línea de Atención 0-800 otros 26; y el área tanatológica 67 casos.

Para 60 de los 90 comunidades indígenas de Oaxaca, donde el gobierno federal asignó concesiones mineras, la actividad extractiva no representa una vía de desarrollo, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.

“Han dicho si a la vida, no a la minería”, asentó.

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), órgano que interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al menos 61 funcionarios perciben más de los 108 mil pesos mensuales que ganará el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tan sólo el Ombudsman Luis Raúl González Pérez tuvo este año ingresos por 4 millones 243 mil 164 pesos, es decir recibió la cantidad de 353 mil 597 pesos mensuales.

Durante el 2018 la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) sólo realizó una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por violación. En contraparte, 13 mujeres fueron criminalizadas por abortar.

El contraste podría reflejar la disparidad que enfrentan las mujeres para el acceso a un aborto legal y seguro.