Con la desaparición del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) existente desde hace 12 años, la menos 700 mujeres víctimas de violencia de género quedarán desprotegidas de atención jurídica y psicológica.
De acuerdo con información de la instancia en Oaxaca, actualmente el área de trabajo social tiene 703 casos en proceso; el área psicológica 675; el área jurídica 640; correspondientes a la línea de Atención 0-800 otros 26; y el área tanatológica 67 casos.
De aprobarse la iniciativa al presupuesto de egresos presentada por el gobierno federal, la atención y seguimiento de los casos mencionados quedarían truncados.
La titular de la Secretaría de la Mujer, Ana Vázquez Colmenares señaló que lo anterior resulta de gravedad. “Estoy sumamente preocupada, estamos hablándoles a las diputadas y diputados para que se reconsidere el presupuesto”, declaró.
En este año el centro PAIMEF dio atención a 1,425 personas que experimentaron violencia en la modalidad Familiar, 44 por violencia Comunitaria, 23 por laboral, 3 en modalidad escolar y 5 en modalidad institucional.
El 18 por ciento de la población fue atendida por haber experimentado violencia económica, 17 por ciento violencia física, 1 por ciento violencia obstétrica, 5 por ciento violencia patrimonial, 51 por ciento violencia psicológica, 6 por ciento violencia sexual y 6 por ciento violencia feminicida.
“Es un recorte mayúsculo que desprotege y deja en la indefensión a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia”, declaró Vázquez Colmenares.
Recordó que en este año se brindaron más de 16 mil servicios con el Centro PAIMEF.
“Si efectivamente no se modifica el proyecto de presupuesto, y queda en ceros, a menos que el gobierno del estado ponga recursos de otra fuente, tendríamos que cerrar el centro de atención en donde damos servicios jurídicos, de asesoría, tratamientos psicológicos, tanatológicos para familiares de víctimas de feminicidio”, subrayó.
Destacó que los acompañamientos jurídicos que realizan las abogadas con mujeres víctimas de violencia o que son familiares de víctimas de feminicidios, quedarían truncados porque no habría recurso para pagarles a las abogadas que las representan en los juicios.
