Un centenar de organizaciones civiles y sociales, así como autoridades municipales postularon a los activistas María Eugenia Mata García y José Juan Julián Santiago, para ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) reclamó a la Fiscalía General del Estado respetar la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e investigue y sancione a los responsables del feminicidio y de la desaparición forzada de las defensoras de derechos humanos, Yaneth González López y Yesennia Pascual Ramos.
A siete años del suceso, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios exigió al gobierno estatal castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen del defensor comunitario y opositor a la mina La Trinidad en San José del Progreso, Bernardo Vásquez Sánchez y garantizar los derechos al territorio, a la libre determinación y al ambiente sano en esa municipalidad.
El Gobierno del Estado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) crearon la Red de Síndicas de Oaxaca, para evitar que sean víctimas de violencia política o de fraudes.
Ayer, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) y estos dos órganos electorales locales reunieron a un grupo de concejales de varios municipios del estado, en el Primer Encuentro de Síndicas de Oaxaca.
Luego del escándalo por corrupción que se desató al detectar duplicidad en la documentación resguardada en el Registro Civil de Oaxaca, es decir, falsificación, la Contraloría del estado atrajo el caso para deslindar responsabilidades, por lo que, los funcionarios implicados de estos actos podrían ser sancionados con inhabilitación para ocupar cargos públicos, explicó el director del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes.
De las tres personas que están en la cárcel acusadas de el homicidio múltiple en el pareje El Portillo de Santiago Chiápam, ninguna de ellas ha sido sentenciada, pero no solo eso, sino que uno de los indiciados fue liberado.
Durante la emboscada del 14 de mayo de 2011, fueron asesinadas 11 personas; Marisela Silva López perdió a su tío Amador Donato y Eva López Castro a su hermano Amador López Castro.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se liberen a criminales a pocos días de haber sido detenidos y va contra jueces que dejen libres a delincuentes.
Ante ello, dijo, abordará la problemática con Ministros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con la Fiscalía General.
Aunque su función es el resguardo y protección de la seguridad pública, los cuerpos policíacos de la entidad forman parte de las autoridades de gobierno de Oaxaca que más violentan a la ciudadanía.
Tan sólo en el 2018 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), abrió 185 expedientes de queja en contra de policías municipales, Agentes Estatal de Investigaciones (AEI) y custodios penitenciarios, por distintos actos que podrían considerarse violatorios y que tuvieron a la ciudadanía como víctima.
A pesar de la alerta de género que declaró la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado y 40 municipios de la entidad, el pasado 31 de agosto del 2018, ninguna autoridad cuenta aún con el albergue o casa de medio camino que debe establecer para la protección de mujeres que sufren violencia de género.
La secretaria de las Mujeres de Oaxaca, Ana Vásquez Colmenares Guzmán, reconoció que el gobierno del estado todavía no cuenta con el albergue al que obliga la alerta de género, “aunque se está planeando que se pueda operar en el segundo semestre de este año”.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) denunció que no han sido señalados los casos de violencia política que ejercen mujeres contra otras mujeres y contra hombres.
Acusó omisión de la Comisión de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ante esta situación.
Durante la sesión del Consejo General del IEEPCO, celebrada el sábado, la representante del PVEM, Ana Karen Pastrana afirmó que solo hay pronunciamientos de aquellos casos donde las mujeres son víctimas de hombres.
