Un centenar de organizaciones civiles y sociales, así como autoridades municipales postularon a los activistas María Eugenia Mata García y José Juan Julián Santiago, para ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En su representación, la coordinadora general del Comité de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH), Sara Méndez Morales, expuso que la revisión del cumplimiento de los objetivos de esa instancia, como organismo autónomo de protección de derechos humanos se vuelve necesaria ante el próximo relevo en su titularidad y a siete años de su creación, sobre todo, para evitar retrocesos y pugnar por su progresividad en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del gobierno estatal en materia de derechos humanos.
Después de estos años, “vale la pena cuestionar qué avances se han logrado en la protección de los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia y en la protección del ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas desde un enfoque integral basado en el pluralismo jurídico y la interculturalidad, además de preguntar en que ha contribuido el organismo a la consolidación de la igualdad y no discriminación”, anotó.
También, subrayó que vale la pena saber sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas y cómo han trascendido para la transformación de la cultura de respeto a los derechos, así como para hacer efectiva la reparación integral de las víctimas, incluyendo la no repetición de los actos de las autoridades responsables.
En este sentido, “se vuelve también necesaria la revisión de los procesos de vinculación y articulación con las instituciones públicas para el cumplimiento, avance y evaluación de las acciones específicas emitidas por las recomendaciones”, señaló.
Por eso, destacó que se requiere un proceso transparente de elección y elegir a una persona con los conocimientos, la sensibilidad y la capacidad para dirigir al organismo, así como una profunda reestructuración en el funcionamiento de la institución, desde el diseño e implementación de procesos administrativos más efectivos y eficaces, hasta mecanismos de atención más sensibles, desde una perspectiva intercultural, de género y de respeto a los derechos humanos.
Destacó que la DDHPO necesita contribuir a un efectivo respeto y cumplimiento de los derechos humanos, actuar con base en los principios de universalidad, integralidad, progresividad e interdependencia, establecer las obligaciones del estado, fortalecer las capacidades de exigibilidad de la ciudadanía y operar con transparencia.
Ante esto, resaltó que la sociedad civil debe considerarse como una oportunidad de afianzar y fortalecer la labor de la DDHPO, creando espacios para el diálogo.
De esta manera, propuso la promoción de una plataforma de organismos civiles para contribuir a que la DDHPO avance en la defensa y protección, la promoción y educación de los derechos humanos.
