Luego de escasos 16 días en el cargo, Bxido Jara Bolaños deja la secretaría de la Coordinación Estatal para la Pacificación de Oaxaca, órgano de reciente creación adscrito a la Subsecretaría de Planeación Prevención Protección Civil y Coordinación a través de la unidad de Coordinación con Estados y Regiones.

Jara Bolaños fue duramente criticada por su inexperiencia en el ámbito de la seguridad, así como por ser hija del senador Salomón Jara; su lugar es ocupado por la exdiputada federal Karina Barón, también muy cercana a dicho senador.

A principios de febrero de 2018, Francisco García López renunció a la titularidad de la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), desde entonces la dependencia cambió de nombre para enfocarse en la movilidad ciudadana, se incrementó la tarifa del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca y anunció la creación del Registro Estatal de Transporte en la búsqueda de controlar eses sector, pero no se había nombrado a un secretario.

La 64 legislatura del estado emitió un ¡Ya basta! a los asesinatos y agresiones en contra de militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y exhortó al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa; al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez; al secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Eugenia Villanueva Abraján, para que en el ámbito de sus atribuciones, investiguen los hechos y sancionen a los responsables a fin de que no queden en la impunidad.

Los 170 millones de pesos que requiere el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) para operar en Oaxaca no han sido ministrados por la Federación.

Del total de recursos faltantes se incluyen los cinco millones de pesos para el pago de la primera quincena de enero de este año de los 800 trabajadores de esa instancia sanitaria y de otros 30 millones para dos mil 310 “precarios” que emplean los Servicios de Salud de Oaxaca.

Mientras no se abrogue la Ley que en el 2003 creó el Sistema de Protección Social en Salud, el Seguro Popular sigue operando y para el 2019 el Poder Legislativo Federal y Estatal designaron al 2 mil 237 millones de pesos.

“Datos oficiales no hay ninguno, el Seguro Popular desaparece hasta que la Ley se cambie en el Congreso Federal y sea ratificada en los Congresos Locales”, puntualizó el director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Juan Carlos Márquez Heine.

De acuerdo con ciudadanos de Huatulco, el precio de la gasolina por litro en ese municipio de La Costa es de 17.67 pesos.

A través de imágenes que llegaron hasta la redacción de Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, se pudo constatar esta versión.

La estación en la que actualmente se maneja esta tarifa es la ubicada en el Boulevard Chahue, frente a una oficina de Correos de México.

“De los 570 municipios que existen en Oaxaca 532 viven en situación de pobreza”, afirmó la secretaria de Bienestar María Luisa Albores González, al presentar aquí la política de Bienestar para México.

Añadió que de acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del 2012 a 2016 los oaxaqueños en pobreza alcanzaron la cifra de 418 mil personas y 170 mil en pobreza extrema.

A pesar de la inversión multimillonaria que han hecho los gobiernos federales en programas para ayudar a los más pobres, la situación de los marginados lejos de mejorar ha empeorado, ya que en los últimos diez años su número aumentó en 3.9 millones y la población vulnerable por ingresos creció del 4.7 al 7 por ciento, aseveró la coordinadora nacional del Programa de Inclusión Social Prospera, Leticia Ánimas Vargas.

El gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa realizó este día cambios al frente de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Mariana Nassar asume la titularidad de la Secretaría de Movilidad (Semovi), y quien estuvo como encargado del despacho Alejandro Villanueva, es ubicado ahora como Subsecretario.

Las responsables de 226 estancias infantiles solicitaron, con pancartas y gritos, una audiencia a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, para conocer qué va a suceder con el programa, toda vez que no se han publicado las reglas de operación y, además, demandan se les pague el mes de noviembre del 2018 que no se liquidó.