De la noche a la mañana, y sin aviso de por medio, el portal de transparencia presupuestaria federal “ocultó” información de al menos 32 proyectos, los cuales se desarrollan bajo la figura de fideicomisos públicos que se tenían contemplados para Oaxaca.

Hasta el miércoles 9 de mayo, el portal detallaba información de 122 proyectos, sin embargo, en la mañana del 10 de mayo la página se actualizó y, hasta las 19:00 horas de ayer, aparecían sólo 90 obras para Oaxaca.

La mitad del gabinete legal del Gobierno de Oaxaca mantienen su patrimonio oculto.

Al menos ocho de los 18 titulares de las principales dependencias estatales incumplieron con la orden del Gobernador Alejandro Murat, que dio en diciembre de 2016, de presentar sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal en la plataforma ciudadana impulsada por el Intituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

Miles de millones de pesos son acumulados por el Gobierno a través de fideicomisos que se utilizan para disfrazar los subejercicios presupuestales.

Los recursos depositados en estos instrumentos financieros se reportan como gastados, y aunque no son usados, ya no se devuelven a la Tesorería de la Federación.

Para este año, la Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación transferir 38 mil 315 millones de pesos a los fideicomisos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) justificó que aumentó el gasto en publicidad para hacer campañas institucionales y negó que haya sido para promoción personal.

Reforma publicó que en 2017 la SEP registró un gasto de mil 963 millones de pesos en publicidad, cuando los diputados sólo le habían autorizado 70.6 millones de pesos.

Ayer, la dependencia reconoció el gasto sobreejercido y explicó que especialmente se hicieron tres campañas.

La presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Combate Anticorrupción, Isabel Chagoya Méndez, lamentó el desinterés del gobierno del Estado en la lucha contra la corrupción.

A cuatro meses de entrar en funciones dicho Sistema no puede operar a falta de recursos económicos porque el Ejecutivo estatal omite la asignaciòn de recursos.

"Sólo existimos en papel, fuimos creados, tomanos protesta el 16 de enero y a la fecha no hay recursos para emprender acciones de combate a todas las irregularidades que hay".

En los últimos tres años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha incrementado su labor de investigación de manejo de los recursos públicos en el Estado de Oaxaca.

Desde el año 2006 las auditorías a la entidad no se habían practicado con tanta recurrencia, tan sólo en el 2014 la ASF realizó 21 auditorias en Oaxaca, para 2015 y 2016 se alcanzó la suma de 38 de acuerdo con datos del Sistema de Consulta Pública de la ASF.

En los años restantes la cantidad de auditorias varió de 14, 16, 8, 4 y hasta 1 por año.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el ejercicio fiscal 2016 un probable daño a la hacienda pública por 38 millones 220 mil 100 pesos, de los cuales 2 millones 442 mil 100 pesos fueron operados y 35 millones 778 mil pesos corresponden a recuperaciones probables; adicionalmente existen 6 millones 223 mil 600 pesos por aclarar, de los fondos metropolitano, regional y para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló ayer en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, que los ciudadanos oaxaqueños cometieron más prácticas corruptas que las autoridades gubernamentales en ese año.

El organismo autónomo detalló que en el año 2015 el porcentaje de ciudadanos que experimentó un acto de corrupción de parte de un servidor público fue de 12.2 por ciento, es decir, 486 mil 701 habitantes fueron víctima de este fenómeno.

Para los oaxaqueños, los partidos políticos son los más corruptos en la entidad.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, publicada por el INEGI, el 67 por ciento de los oaxaqueños mayores de 18 años, que viven en poblaciones mayores de 100 mil habitantes, señalaron que los institutos políticos cometen actos de corrupción de manera “muy frecuente”.

En número absolutos, 319 mil 496 personas identificaron a los partidos en la cima de la corrupción local.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobierno del Estado de Oaxaca, desde el pasado 14 de marzo del 2017, información sobre la asignación y contratación de publicidad oficial, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Oaxaca figura entre las 5 entidades del país que no colaboraron con el organismo nacional en la integración de su Informe Especial Sobre Publicidad Oficial dado a conocer este 2018, según consta en el contenido del documento.