El proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es un retroceso y busca supeditar a los ciudadanos a las autoridades del sistema, prácticamente es entreguista, afirma el integrante de la organización civil Código Transparencia, Alejandro Salvador Cruz.

El Poder Legislativo citó a comparecer a los secretarios de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Javier Lazcano Vargas; y de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez, el día miércoles 11 de agosto del año en curso, a las 9:30 horas, en el salón de sesiones del pleno legislativo, con el propósito de informar a detalle sobre la ejecución de los 3 mil 500 millones de pesos contratados como deuda pública, aprobados por la legislatura mediante decreto 809, de fecha 3 de octubre de 2019.

A nivel nacional, Oaxaca fue ubicado entre los tres únicos estados del país que presentan los mejores sistemas para la búsqueda de versiones públicas de sentencia, desde la página web institucional del Poder Judicial del Estado, la cual a la fecha cuenta con un acervo de nueve mil 881 documentos sobre las resoluciones que ponen fin a los juicios de los órganos jurisdiccionales, disponibles para su consulta. 

Los titulares de la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (DDHPO), el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJA), están ahora obligados a presentar informe anual de labores ante el Congreso del estado.

Los municipios de San Pablo Coatlán, Santiago Laollaga, San Pablo Huixtepec y Zimatlán de Álvarez ocultaron deuda pública por un total de 2 millones 131 mil 693 pesos en los informes remitidos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno estatal y el Órgano Superior de Fiscalización (Osfeo), en el segundo trimestre del 2021.

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) se niega a desaparecer y, por ello, aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas realizadas por la 64 Legislatura del Congreso, que entre otras cosas contempla su desaparición y la creación de un nuevo organismo.

SAN PEDRO POCHUTLA, Oaxaca.- Como una asamblea amañada, a modo, en la que se vertieron cifras parciales, engañosas y donde el balance financiero o corte de caja dejó mucho que desear y no fue consensado ni aprobado por el grueso de los comuneros, fue calificada la reunión encabezada por el todavía representante de los Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Jesús Reyes Jiménez, quien se encuentra a unos días de concluir su encargo.

Presidentes municipales electos por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino afirmaron que es necesario el 40 por ciento de personas inscritas en la lista nominal para hacer válida la consulta popular para enjuiciar a e presidentes de la República.

Señalaron que es importante difundir esta consulta, ya que muchas personas aún desconocen cuándo y cómo se realizará, por lo que la difusión en sus municipios es primordial.

La 64 Legislatura aprobó citar a comparecer ante el Pleno al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Estado de Oaxaca (Sedapa), Gabriel Cué Navarro para que informe sobre los apoyos otorgados a la fecha en favor de los productores agropecuarios, que se encuentran en condiciones de pobreza y marginación, y son afectados por la pandemia originada por el COVID-19.