En 2010, los Gobiernos municipales pagaron 5 millones 456 mil pesos por la construcción de seis plantas tratadoras de agua en diferentes partes del estado, este precio sufrió un vertiginoso aumento en cuatro años, ya que en 2014, los ayuntamientos pagaron poco más de 22 millones de pesos por cada una de estas obras, según consta en documentos oficiales del Gobierno estatal.
En total opacidad y sin ninguna obligación para comprobar los recursos, los 52 diputados de la 63 legislatura disponen al año de 68 millones 40 mil pesos para gestión y gastos de publicidad, totalmente fuera de la ley.
De las 73 obligaciones que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca impone al Congreso estatal, en su artículo 59, no se encuentra ninguna que mencione la gestión en las diversas comunidades de la entidad.
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAMO) está enferma de opacidad. En los últimos 2 años ha manejado más de 24 millones de pesos, sin transparentar su uso.
Este órgano autónomo mantiene en secreto el reporte financiero de sus operaciones desde al año 2013, de acuerdo con las publicaciones disponibles en su portal de internet. Y desde hace 19 meses, ni siquiera presenta los informes de gasto e ingreso.
La anterior administración estatal no dejó registro del costo que tuvo el diseño del Sitibus, tampoco del monto que pagó por este concepto.
La empresa internacional Cal y Mayor, en su página de internet, se adjudica el diseño de este proyecto de movilidad urbana para la ciudad de Oaxaca.
“Estructuración de la fase 1 del sistema integrado de transporte del Área Metropolitana de Oaxaca, México”, expuso en el apartado de “experiencias exitosas”.
Durante tres años consecutivos (de 2010 a 2012), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), contrajo contratos millonarios con la empresa Seguritech Privada SA de CV para la instalación del equipo de videovigilancia para la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4).
Las adjudicaciones, sin embargo, se realizaron –sin licitación pública– a una empresa investigada en varias entidades del país por incumplimiento y por una cuestionable calidad de las cámaras de vigilancia.
La empresa Ralca, S.A. de C.V., promovió demanda de tipo mercantil contra autoridades estatales por un adeudo derivado de la adquisición de medicamentos para los Servicios de Salud de Oaxaca, por el orden de los diez millones 810 mil 174. 85 pesos, que data de hace 380 días.
De acuerdo a lo informado por el apoderado legal de la empresa, Víctor Espinoza, el adeudo corresponde a medicamentos que fueron entregados al Centro de Oncología y Radioterapia (Coro), así como a los hospitales general Doctor Aurelio Valdivieso y de la Niñez Oaxaqueña.
En los últimos 18 años, en Oaxaca se lucró con las concesiones para el servicio público de transporte. Se incrementó en más del 800 por ciento, al pasar de 5 mil 332 en 1998 a 45 mil 174 a diciembre de 2016, según un informe interno de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).
En el 2016 se otorgó un total de ocho mil 93 concesiones para el transporte público en diferentes modalidades, que implican el 17 por ciento de las 45 mil 174 concesiones, según un informe de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra).
Pese a la inversión de 215 millones 421 mil pesos realizada a los largo de cinco años por parte de gobiernos municipales y recursos federales, las plantas de tratamiento de aguas residuales se convirtieron en elefantes blancos infuncionales y, las que lo hacen, laboran a medias o a mucho menos de su capacidad instalada.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) federal contrató a dos constructoras con antecedentes negativos, para la edificacion de la sala de urgencia del Hospital de Alta Especialidad Presidente Benito Juárez.
En 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimiento sancionador a la empresa Administradora de Capitales de México S. de R. L. por presuntamente falsificar convenios para acreditar experiencia.
El secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), José Luis Calvo Ziga, enfrenta reclamos por la presunta comisión de un fraude de 10 millones de pesos en contra de la empresa Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental (SICA), encargada hasta marzo de 2017 de la operación del relleno sanitario de Zaachila.
El gerente general de la empresa, Jorge Sánchez Gómez, acusó que Calvo Ziga, además de fraude, incurrió en abuso de poder y confianza, así como uso indebido de la función pública.
