Tras el llamado de 14 cámaras empresariales para que el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa vete la llamada “ley antichatarra”, organizaciones de la sociedad civil pidieron privilegiar el derecho a la salud de la niñez por encima de los intereses económicos del empresariado.

Vetarla -señalaron- sería un daño a la niñez oaxaqueña sobre todo en medio de un contexto de pandemia por la COVID-19 que demanda estilos de vida saludables.

CIUDAD DE MÉXICO.- A una semana de que el Congreso de Oaxaca aprobó reformas para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad, Mandatarios y diputados de ocho estados dijeron que analizan impulsar medidas similares.

La 64 Legislatura del estado está obligada a tomar en cuenta la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que responsabilizó al presidente municipal de Santiago Suchilquitongo, Julio César Rodríguez López, de ejercer violencia política en contra de la síndica Concepción Rosita Pinelo Caballero, en el proceso de revocación de mandato que le inició a la funcionaria municipal.

A 15 años del inicio de su lucha por el cuidado y la defensa del agua, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), denunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quebranta su derecho a participar en la administración comunitaria de los recursos hídricos, así como lesiona sus derechos como pueblos indígenas y al agua en sus territorios ancestrales, al no cumplir los compromisos suscritos el 12 de octubre de 2019.

“No vemos voluntad política para cumplir los acuerdos pactados con las comunidades”, asentó.

Tal como ya existe en la Ciudad de México, Oaxaca busca la creación del Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad.

La idea es concentrar información precisa de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual, es decir el nombre, sobrenombre, pseudónimo o apodo, domicilio actual, CURP, filiación, señas particulares, lo cual servirá para que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia.

Integrantes del Frente Indigena de los Pueblos Olvidados de Oaxaca (FIPOO) bloquearon las calles aledañas al Palacio Municipal capitalino para exigir una audiencia con las autoridades y solicitar apoyos económicos para sus agremiados.

Arturo Ortega García, dirigente estatal del frente, señaló que sus afiliados no han sido beneficiados por los programas implementados por el municipio capitalino como fueron el de empleo temporal y de la repartición de despensas.

Pobladores de la agencia municipal Refugio de Morelos, perteneciente a San Juan Teposcolula, denunciaron que el presidente municipal, Jesús Mario Hernández Ramos violó los derechos humanos y puso en riesgo a personas adultas mayores de contagiarse de coronavirus, por incurrir en acciones de discriminación en el pago del Programa de Pensión para el Bienestar.

CIUDAD DE MÉXICO.- En al menos 10 estados del país, personal de salud marchó para exigir la liberación del médico chiapaneco Gerardo Grajales Yuca, acusado por presunto abuso de autoridad.

Con batas blancas, caretas y cubrebocas, cientos de inconformes se dieron cita en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Querétaro y Quintana Roo.

En la Ciudad de México, a través de un mensaje grabado, la voz del doctor se escuchó para reivindicar la labor de los trabajadores. 

Tras el incendio del Mercado de Abasto del pasado 27 de mayo, Elvia ofrece un espacio en su local para que los afectados por el siniestro continúen trabajando mientras se rehabilita esa zona de comercio.

A través de sus redes sociales, Elvia Lorenzo ofrece la oportunidad a productores y artesanos para tener un punto de venta de sus mercancías, además de que les da difusión por ese mismo medio.

HUAJUAPAN DE  LEÓN, Oaxaca.- El presidente municipal de San Martín Peras, Román Juárez Cruz, informó que la autoridad auxiliar de Santos Reyes Zochiquilazala, Antonio Garza Rubio, en complicidad con el edil de Santiago Juxtlahuaca, Nicolás Enrique Feria Romero, piden 11 millones 500 mil pesos para liberar a los cuatro retenidos que aún permanecen en la cárcel de esta comunidad.