TUXTLA GUTIERREZ, Chiapas.- Por disputa de tierras, indígenas tzeltales del ejido El Bosque, en San Cristóbal de Las Casas, fueron atacados a balazos y les incendiaron 30 de sus viviendas de madera, lo que dejó una persona herida.
En medio de una disputa de tierras de casi 80 años, un grupo de indígenas tzotziles irrumpió con disparos de armas largas en el paraje El Bosque e incendió 30 de las 48 viviendas que habitan tzeltales.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- El integrante de la Comisión Política del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Eleazar Ortiz, informó que es intolerante la ola de violencia que se vive en la zona Triqui, por lo que pidió al gobierno del estado poner fin a esta problemática.
Agregó que el pasado domingo, un comando armado atacó a balazos a un militante de esta organización en el centro de Putla Villa de Guerrero, a escasos metros de donde se encontraba la Guardia Nacional, por lo que con este hecho se comprobó la ola de violencia que impera en la zona.
Tras la muerte de Gabriela Soto después de haber sido atropellada por un autobús que iba a exceso de velocidad mientras ella se transportaba en su bicicleta, sus familiares señalaron que lucharán porque haya justicia para garantizar la seguridad de los demás ciclistas.
Augusto Langner, tío de Gabriela, compartió que presentaron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca quien está llevando el caso y aseguró que continuarán con el procedimiento, pues es importante garantizar la seguridad de las demás personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte.
El director de la Casa Hogar Municipal del Adulto Mayor, Alejandro Mayoral informó que sólo el 20 por ciento de los internos cuenta con seguridad social, por lo que en ocasiones han gestionado para inscribirlos al Seguro Popular o buscado el apoyo para sus tratamientos.
Detalló que este porcentaje de adultos mayores tiene Seguro Social o ISSSTE gracias a sus hijos o también porque algunos son jubilados y pensionados; no obstante, a los que no cuentan con este servicio, se les realiza la gestión para tener Seguro Popular.
Los capitalinos afirman que para este 2021 desean que haya más seguridad en las calles, además de que, aunque algunos tengan trabajo, quieren que las personas que este año perdieron su empleo debido a la pandemia puedan conseguir uno pronto.
Asimismo, Yanet Gutierrez, madre de familia de dos hijos, afirmó que espera que mejoren el mantenimiento de las calles y parques ya que al estar en mal estado son lugares en los que puede haber delincuencia.
El titular de la Coordinadora Ejecutiva del Mercado de Abasto (Cemerca), Érick Tiburcio recomendó a la ciudadanía no comprar pirotecnia, ya que a pesar que a pesar de los operativos y los decomisos, éstos se siguen vendiendo debido a la alta demandan que tienen.
“Mientras los ciudadanos sigan demandando estos productos, se continuarán vendiendo, por ello necesitamos que colaboren en ser responsables y no contribuir a ello".
Mujeres indígenas desplazadas del desaparecido municipio autónomo de San Juan Copala demandaron al Estado mexicano cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y disponer su retorno a la comunidad, ante el incremento de la violencia en la zona triqui.
En conferencia de prensa, la vocera Reyna Martínez Flores dijo que un gran número de habitantes fueron desalojados en septiembre del 2010 por grupos paramilitares auspiciados por los gobiernos federal y estatal de esa época.
Mil 786 habitantes de los pueblos indígenas de diferentes estados del país, entre estos, Oaxaca, han muerto durante la pandemia del coronavirus.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes informó que según el último corte informativo, se han contabilizado 12 mil 526 casos positivos entre habitantes de los pueblos indígenas.
De ellos, el 55 por ciento corresponde a hombres y el 45 por ciento restante, a mujeres, añadió.
A tres años de los hechos, familiares de los desaparecidos de San Miguel Cajonos, Álvaro Bernardo Reyes Cruz y Federico Cruz Morales, demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) su presentación con vida y castigar a los autores intelectuales y materiales.
“Han transcurrido tres años y no sabemos qué pasó con ellos”, afirmó Arturo Ortega Santaella, cuñado de Cruz Morales.
A cuatro meses del hecho, el Frente Popular Revolucionario (FPR) exigió castigo para los autores intelectuales y materiales del crimen de su compañero Tomás Martínez Pinacho.
“A pesar de haber un detenido por el caso, las investigaciones presentan pocos avances significativos”, afirmó uno de los dirigentes de la organización, Álvaro Carrillo Chávez.
