A pesar de que durante el 2017 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició 3 mil 296 quejas, ni el uno por ciento dio pie a una recomendación, pues apenas en el año pasado emitió diez recomendaciones.

De acuerdo con un informe anual del organismo, en su oficina central se recibieron dos mil 399 quejas y otras 897 en sus oficinas regionales.

Las autoridades municipales fueron las más señaladas de violar derechos humanos al concentrar mil 509 quejas, alrededor del 45 por ciento.

A dos años de haber sido penado el maltrato animal en Oaxaca, en la Fiscalía General del Estado se han iniciado apenas 15 carpetas de investigación por este delito.

En la cifra que corresponde al Valle Central, son las asociaciones civiles quienes mayor denuncias interponen por el abuso que se comenten en su mayoría contra perros.

Con más de 700 casos de mujeres asesinadas en los últimos seis años, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) responsabilizó al gobierno anterior de incremento de feminicidios y violencia contra las mujeres.

Arturo Peimbert Calvo, sostuvo que la administración pasada fue omisa a las diversas solicitudes de creación de mecanismos de protección hacia las mujeres, ante la ola de violencia registrada en distintos ámbitos.

Ese sistema cultural tan arraigado donde tradicionalmente las mujeres no participan en la política, es la razón toral en la que la investigadora Flavia Freidenberg nombra al explicar las demoras para alcanzar la paridad en Oaxaca.

“Creo que el tiempo nos está comiendo, hacemos mucho, pero desde mi perspectiva es poco, porque mientras una sola mujer viva una situación de violencia, me llama la atención y me obliga a hacer cosas más rápido”, expresa en entrevista.

Ni sumando las 58 mujeres que gobiernan municipios, con las tres recién que fueron electas por sistemas normativos indígenas, Oaxaca se acercaría a la paridad numérica.

De manera global, las 61 presidencias equivalen al 10.7 por ciento de los 570 municipios.

Apenas ayer, la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), informó que de las 62 elecciones validadas, sólo 3 eligieron a una mujer como presidenta municipal.

Desde hace siete días se encuentran desaparecidos dos comuneros de San Pedro Cajonos,  el presidente de Bienes Comunales de la comunidad y el secretario del Consejo de Vigilancia, luego de la presunta emboscada que sufrieron por parte de sus vecinos de San Miguel Cajonos, con quien mantienen una disputa agraria.

El pasado 27 de diciembre, ambas comunidades se enfrentaron a balazos que derivó en un saldo de dos muertos, dos heridos y dos desaparecidos, de estos  últimos no se ha podido dar con su paradero ni tampoco establecer si continúan con vida.

A partir de este año, aumentó en dos el número de municipios que son gobernados por mujeres.

El 1 de enero, rindieron protesta como presidentas municipales: Yolanda Pacheco Morales y Rosalina Núñez Martínez, en San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapam del Espíritu Santo, respectivamente.

En esta última comunidad, esta es la primera vez que el Ayuntamiento es presidido por una mujer.

Mientras no hablemos un mismo lenguaje y no exista verdadera sensibilidad a lo que esta pasando con las mujeres,  vamos a tardar mucho en el proceso para lograr la equidad, afirmó la directora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), Nydia Dhely Mata Sánchez, al referir los esfuerzos que se realizan para empoderar, a través de la educación académica al sector femenino de Oaxaca.

A 10 años de su desaparición, familiares y amigos de Lauro Juárez, oriundo de Santa María Temaxcaltepec, región Costa, no tienen rastro ni saben qué paso con el indígena chatino.

Acompañados del Frente Popular Revolucionario (FPR) acusaron que desde su desaparición, el 30 de diciembre del 2007, no ven avances de ningún tipo por parte de las autoridades para dar con su paradero o establecer qué sucedió aquel día.

De acuerdo con los activistas, en este acontecimiento tiene responsabilidad el priísta Fredy Gil Pineda Gopar, aunque nada se ha podido comprobar.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 5 años, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no concluye el Registro Público de Delitos Cometidos contra Mujeres, que pretende llevar la información sistematizada de los feminicidios.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del PAN al Presidente Enrique Peña Nieto, con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el Ejecutivo federal respondió que no se ha concluido la elaboración de ese instrumento.