Por Redacción Noticias
A más de una década de la muerte de Juan Gabriel, la disputa por su legado patrimonial vuelve a encenderse. Esta vez, el conflicto tomó un nuevo giro tras la reaparición pública de Silvia Urquidi, quien acudió a tribunales para sostener una acusación que revive la batalla legal: una presunta falsificación de firmas en la venta de una de las propiedades del artista.
La mujer, cercana al intérprete en vida, insiste en que nunca perdió el control legal de los inmuebles que estuvieron a su nombre y rechaza la versión que la obligaba a devolverlos al heredero universal, Iván Aguilera. Según su postura, el proceso que la dejó fuera de la disputa estaría viciado por irregularidades.
Urquidi asegura contar ahora con documentos que, afirma, evidencian la manipulación de su firma en un convenio que habría sido utilizado para justificar movimientos sobre las propiedades. De acuerdo con su versión, este documento habría sido elaborado por el abogado Guillermo Pous junto con el fallecido Jesús Salas.
La polémica se remonta a años atrás, cuando el llamado “Divo de Juárez” dejó varias casas en garantía para enfrentar problemas fiscales. Posteriormente, estos bienes fueron recuperados a nombre de Urquidi, quien tras la muerte del cantante en 2016 expresó su disposición a entregarlos a los herederos. Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó y el caso escaló a los tribunales.
El testamento, que reconoce a Iván Aguilera como heredero universal, detonó una cadena de litigios que involucran tanto a familiares como a excolaboradores. Aunque en 2023 se aseguró que el fallo favorecía a Aguilera, Urquidi sostiene que nunca fue notificada formalmente de ese proceso, lo que —según afirma— invalida dicha resolución.
En sus declaraciones más recientes, también dejó entrever tensiones dentro del círculo cercano del heredero, al señalar que las decisiones habrían estado influenciadas por terceros. Mientras tanto, la disputa legal sigue abierta y sin una resolución definitiva.
Así, el nombre de Juan Gabriel vuelve a quedar atrapado entre expedientes judiciales, acusaciones cruzadas y un patrimonio que, lejos de cerrarse, continúa generando confrontación.
