El sindicalismo docente —y particularmente el magisterio agrupado en el movimiento magisterial oaxaqueño (MDTEO)— cuando reclama pensiones dignas suele mirar a sus agremiados que están a las puertas del retiro y jubilados. Sin embargo, el problema es más amplio: la sociedad mexicana en su conjunto está envejeciendo, mientras la 4T parece responder a ese proceso con políticas cada vez más limitadas. Las pensiones oficiales (aparte de los trabajadores de estado) para adultos mayores apenas alcanzan hoy los seis mil pesos bimestrales. Más que una política de seguridad social sólida, parecen un paliativo mínimo frente a una realidad demográfica que avanza con rapidez.
En la política mexicana —de cualquier signo ideológico— domina hoy una lógica cortoplacista. La rentabilidad electoral y la urgencia mediática determinan las decisiones públicas. La vejez, en cambio, exige otra temporalidad: demanda previsión, responsabilidad institucional y una ética de largo plazo. Y justamente ahí aparece una de nuestras mayores debilidades como sociedad. En medio de la tensión creciente entre el gobierno federal y el sindicalismo docente disidente, queda por ver si la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene algo que ofrecer a los trabajadores activos y jubilados que se preparan para movilizarse nuevamente. La cerrazón frente a la disidencia no resuelve un problema estructural que tarde o temprano alcanzará a millones de mexicanos.
Si entendemos que el desafío pensionario no es exclusivo de México, quizá convendría mirar algunas experiencias internacionales. Ojalá que en su reciente visita a España la presidenta haya tenido oportunidad de observar con atención uno de los procesos más interesantes de reforma pensionaria en el mundo contemporáneo: el llamado Pacto de Toledo. Pero antes conviene formular una pregunta más básica: ¿cuántos adultos mayores hay hoy en México y qué tipo de país queremos ser frente a ellos? El analista Julio Faesler (2026) lo resume con claridad: una sociedad se define, en última instancia, por la manera en que trata a quienes han dejado de estar en el centro de la productividad económica. Allí el dato estadístico se convierte en un dato moral. Y el espejo que hoy devuelve México no es precisamente alentador: un país que envejece sin tener claro cómo acompañar ese proceso.
Para entender el problema conviene recordar el origen de los sistemas de pensiones. A finales del siglo XIX, el canciller alemán Otto von Bismarck creó el primer sistema moderno de pensiones con un objetivo muy claro: combatir la pobreza en la vejez. Más tarde, en USA, F.D. Roosevelt retomó esa lógica dentro de su proyecto de justicia social. En su discurso de 1941 sobre las “4 Libertades”, una de ellas era precisamente la libertad frente a la miseria. Esa misma inspiró posteriormente el informe de W.Beveridge en el Reino Unido y el surgimiento del Estado de bienestar europeo. Durante décadas, los sistemas públicos de seguridad social funcionaron como un mecanismo de equilibrio entre capitalismo y justicia social.
En otras palabras: las pensiones públicas se convirtieron en un pegamento social. El problema es que ese equilibrio hoy enfrenta nuevas tensiones. La automatización, los cambios en el mercado laboral y el envejecimiento demográfico obligan a replantear los sistemas pensionarios en todo el mundo. Históricamente han existido dos grandes métodos para hacerlo:
-El primero es el método tecnocrático: gobiernos que, apoyados en expertos, imponen reformas unilaterales basadas en proyecciones económicas y demográficas. El resultado suele ser previsible: conflicto social, resistencia política y reformas poco duraderas.
-El segundo es el método democrático, basado en acuerdos amplios entre fuerzas políticas, sindicatos y actores sociales. Este camino es más lento, pero también más legítimo y más estable.
España ofrece un ejemplo interesante de este segundo método. El Pacto de Toledo, firmado en 1995, separó el debate pensionario de la confrontación política cotidiana y construyó acuerdos graduales para garantizar la sostenibilidad del sistema. El proceso operó en dos niveles: por un lado, el diálogo parlamentario entre partidos; por otro, la negociación entre sindicatos y empresarios. Esa doble arquitectura de acuerdos permitió avanzar en reformas como la actualización periódica de las pensiones conforme a la inflación o la ampliación del periodo de cotización para el cálculo de las jubilaciones, en tanto sobreviva el neoliberalismo.
El mérito del modelo español no radica en haber resuelto todos los problemas, sino en algo más simple: entender que el sistema de pensiones es demasiado importante para convertirlo en botín político o en promesa electoral. En México, en cambio, el debate pensionario parece atrapado entre la improvisación gubernamental y la presión de los movimientos sociales. Mientras tanto, el país sigue envejeciendo. Envejecen los trabajadores, los maestros, los burócratas… y también quienes hoy ocupan cargos públicos hoy tranquilos de que el problema pensionario puede dejarse para la siguiente administración.
Algún día descubriremos que el debate sobre pensiones nunca fue una obsesión del sindicalismo docente ni una consigna incómoda de la CNTE. Es simplemente una advertencia sobre el futuro del país. Pero en México tenemos una curiosa manera de enfrentar los problemas estructurales: primero los ignoramos, luego los minimizamos y finalmente los convertimos en un programa social de emergencia. De modo que es posible que dentro de algunos años el Estado mexicano descubra con sorpresa que millones de ciudadanos han llegado a la vejez. Y entonces, como suele ocurrir, comenzará la verdadera discusión nacional. No sobre cómo garantizar pensiones dignas. Sino sobre quién va a pagar el costo político de no haber pensado en ellas a tiempo.
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