Por Isaac G-Santoyo*
La minería metálica juega un rol básico en la economía global, y aporta más del 10 % al producto interno bruto del mundo. La mayoría de los objetos que muchas personas usamos día con día -celulares, computadoras, automóviles-, requieren de metales extraídos de minas. Es tanta la demanda de sus productos, que la industria minera es una de las más prolíficas; se estima que cada año crece entre 6-8 %, y que para el 2030 se duplicará anualmente. Sin embargo, este auge y uso desmedido tienen un lado muy oscuro.
La extracción de metales implica triturar enormes cantidades de roca extraída del subsuelo. El proceso libera gases que calientan la atmósfera y emite partículas tóxicas al aire y al agua. Además, las rocas trituradas, conocidas como “jales”, se acumulan alrededor de las minas, formando verdaderos cerros de desechos que contienen altas concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y arsénico. Estas sustancias se dispersan con el viento, el agua y la erosión, y poco a poco son absorbidas por las plantas, los animales y las personas que habitan cerca de estos basureros mineros. Aunque la minería representa solo alrededor del 1 % de la fuerza laboral global, es responsable de cerca del 8 % de las muertes laborales del mundo. Eso quiere decir que una persona trabajando en este sector tiene 80 veces más riesgo de muerte que en otra labor, personas que, además, difícilmente gozarán de los productos que requieren de los metales ahí extraídos.
Por si eso fuera poco, no por cerrar una mina se acaban los problemas.
La Sierra de Huautla, en Morelos, es una Reserva de la Biósfera que alberga sitios con una larga historia de minería metálica subterránea que se remonta al siglo XVI. Hasta 1990 se extraía principalmente plata, cuando la empresa se declaró en bancarrota y cerró el yacimiento y abandonó las instalaciones y la basura (jales) que nunca fue tratada. A pesar de ello, en 1999 el gobierno de México declaró la región como Reserva de la Biósfera, protegiendo oficialmente un territorio que aún guarda las huellas de su pasado minero.
Esta Reserva contiene aproximadamente 780,000 toneladas (lo equivalente a 77 torres Eiffel) de “jales” tóxicos abandonados, los cuales tienen concentraciones de plomo, arsénico y vanadio que superan, entre cuatro y siete veces, los límites permitidos por la normativa mexicana. La comunidad rural de Huautla vive a solo 500 metros de este lastre tóxico, y los residentes de esa comunidad usan pozos mineros abandonados como fuentes de agua.
Evaluamos, aproximadamente, al 65 % de la población, y todas las personas examinadas tienen al menos un metal pesado tóxico en su cuerpo, principalmente plomo. Además, la mayor parte de esta gente (92 %) tiene más de un metal, sobre todo mercurio y plomo. Aquí, los niveles de concentración de metales pesados en los cuerpos de algunas de estas personas son similares a los que se han registrado en sobrevivientes de conflictos geopolíticos, como los de la guerra de Irak. Consecuentemente, estos metales generan enfermedades crónicas, degenerativas y cardiovasculares, así como impedimentos en el neurodesarrollo de la niñez de Huautla. Por ejemplo, hemos observado que la presencia de estos metales afecta negativamente el sistema inmunitario, y en los infantes, detectamos también impactos sobre diversas funciones mentales que son esenciales para su vida diaria, como recordar información, mantener la atención o resolver operaciones matemáticas simples, habilidades básicas para enfrentar los retos cotidianos.
Más allá de las minas abandonadas, hasta el año 2022 había 24,066 concesiones mineras, lo que representa 8.59 % del territorio nacional.
Y por si eso fuera poco, México sufre las consecuencias de un legado más, el de haber entrado a acuerdos de arbitraje internacional al firmar el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuando entró al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El CIADI es un convenio internacional formulado por el Banco Mundial que permite a corporaciones demandar a gobiernos por pérdidas reales o potenciales económicas.
Desde entonces, nos han llovido demandas, sobre todo por parte de mineras internacionales, por intentar proteger áreas naturales y comunidades rurales. Por ejemplo, Metalclad, una corporación radicada en EUA y que usaba nuestro país como basurero, le cobró a México 15.6 millones por cerrar ese depósito de basura. Y en 2019, Odyssey Marine Exploration, otra empresa con base en EUA, demandó al estado mexicano porque este le prohibió extraer fosfato, un ingrediente clave en los fertilizantes comerciales, del subsuelo de la península de Baja California. El Banco Mundial quiere que México pague 37 millones de dólares a esta empresa, por haber protegido a sus ecosistemas y su sociedad.
Todo artefacto que tenemos requirió el trabajo de personas que no disfrutan de ellos, y que probablemente sufren o sufrirán consecuencias por la extracción de los materiales que los conforman.
Responsable de la sección Ciencia y Sociedad: Leonardo Pino.
*Dr. Isaac G-Santoyo
Laboratorio de Neuroecología Cognitiva
Facultad de Psicología, UNAM
