Por la pandemia, las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca han visto afectados sus derechos en materia educativa, salud, juego y esparcimiento; pero también han estado expuestos a abuso y difusión a sitios de pornografía, explotación laboral y discriminación, de acuerdo al informe especial “Niñez y adolescencia en Oaxaca durante la pandemia por COVID-19, resultados de la Campaña 1,2,3, por ti”, elaborado por la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO), en colaboración con SiKanda-Solidaridad Internacional Kanda A. C., Campos de Esperanza y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Durante la presentación del informe, el titular de la defensoría, José Bernardo Rodríguez Alamilla, manifestó que la campaña permitió obtener 179 trabajos, que a través de diversos medios, permitieron conocer lo que pensaba la niñez y adolescencia de la entidad en este contexto de la crisis sanitaria.
Afirmó que los niños y adolescentes señalaron que les ha sido difícil comprender los conceptos y temas por medio de la pantalla, pero además han tenido que rentar equipos de cómputo para su educación; que la conexión de internet es lenta y existen localidades que no cuentan con este servicio, por lo que está en aumento la deserción escolar.
Además, manifestaron que con solo ver y oír las noticias no lograron comprender lo que pasaba, lo que generó situaciones de miedo en muchas ocasiones; y expresaron que sintieron ansiedad por las informaciones falsas.
Agregó que externaron que no han podido asistir al cine o centros de diversión, así como convivir con amigos y vecinos.
El defensor destacó que también se señaló el riesgo de abuso y exposición a sitios de pornografía, debido al uso excesivo de dispositivos móviles por periodos prolongados que pueden llegar hasta seis horas diarias, sin tener una adecuada supervisión parental.
“Otro de los derechos de diagnóstico fue el derecho a vivir en familia, porque debido a que sus papás y mamás trabajaban en el área de salud fueron aislados y, como medida de prevención, tuvieron que mudarse a la casa de abuelos o tíos; fue algo muy preocupante este tipo de situaciones”.
Rodríguez Alamilla sostuvo que "también se expusieron a riesgos de abusos y malos tratos al tener que convivir más tiempo en el hogar en situación de estrés; así como se registró un incremento de situaciones de trabajo infantil en condiciones peligrosas en las calles con el evidente riesgo de infectarse y enfermar”.
Asimismo, registraron que los infantes y jóvenes con alguna discapacidad no pudieron recibir sus terapias por lo que son más vulnerables a la pandemia; las niñas, niños y adolescentes indígenas percibieron algún tipo de discriminación, además de que no cuentan con servicio de Internet para recibir sus clases, y les resulta más difícil recibir consultas médicas por la distancia en la que se encuentran las comunidades donde viven.
Dijo que a partir de las expresiones de los niños y adolescentes, generaron recomendaciones a las instituciones públicas como realizar una evaluación de la estrategia de la educación en línea, para conocer su eficacia en el aprendizaje, e implementar estrategias para un retorno seguro a las clases presenciales; así como divulgar información sobre el COVID-19 en formatos accesibles y lenguas indígenas; y establecer campañas para reconocer como derechos el esparcimiento y el juego.
También verificar las condiciones de trabajo de adolescentes y que no haya trabajo infantil; generar políticas y programas educativos con perspectivas de derechos y pertenencia cultural, que considere su integración a Internet y acceso a medios de comunicación.
