El anuncio del cierre de accesos a municipios o toques de queda como acciones anunciadas por algunas autoridades municipales para evitar la propagación del COVID-19, llevaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a hacer un llamado a las autoridades municipales para que eviten establecer medidas espontáneas, arbitrarias o discriminatorias.
Las acciones para contener la pandemia, expuso el titular de la defensoría Bernardo Rodríguez Alamilla, deben tener sustento legal, ser objetivamente necesarias según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen.
Agregó también que las estrategias adoptadas por las diversas autoridades en la entidad para atender la contingencia deben respetar los derechos humanos bajo los principios de no discriminación, transparencia y respeto a la dignidad humana.
“La jurisprudencia internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la local y diversas normatividades, establecen que las personas tienen el derecho de disfrutar del derecho al más alto nivel posible de salud y obliga a los diferentes entes gubernamentales a establecer estrategias para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quienes la necesitan”, sostuvo.
Además, enfatizó que las acciones implementadas durante la emergencia sanitaria deben acompañarse de estrategias económicas y sociales que permitan la eficacia de las primeras.
“Reconocemos el riesgo inminente que actualmente define la vida pública de nuestro país en materia de salud, así como las facultades excepcionales que el derecho internacional de los derechos humanos permite a las naciones para hacer frente a la pandemia, sin embargo, tenemos que dejar claro que dicha respuesta no puede ser arbitraria y espontánea, ni restringir injustificadamente derechos humanos, siempre debe ser proporcional, estrictamente necesaria, adecuada a los fines y no discriminatoria”, sostuvo.
