La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) requirió a los municipios y al gobierno estatal aplicar acciones para contener la pandemia con sustento legal, objetivamente necesarias, según evidencias científicas, con periodos de tiempo definidos, respetuosas de la dignidad humana, revisables, proporcionales y adecuadas a los fines que se persiguen, además de evitar ser espontáneas, arbitrarias o discriminatorias.
El titular de ese órgano autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla dijo que las estrategias adoptadas por las diversas autoridades en la entidad para atender la contingencia, deben respetar los derechos humanos bajo los principios de no discriminación, transparencia y respeto a la dignidad humana.
Además, observó que la jurisprudencia internacional, las constituciones políticas federal y estatal, así como diversas normatividades, disponen el derecho de las personas a disfrutar de la salud al más alto nivel posible y obliga a los diferentes entes gubernamentales a establecer estrategias para prevenir las amenazas y brindar atención médica requerida.
De este modo, mencionó que las respuestas institucionales deben prevenir, controlar y atender la propagación de la pandemia conforme a la autoridad sanitaria.
Por eso, subrayó que cualquier acción donde se implique una restricción a derechos humanos, tomada para dar respuesta al control del virus, debe estar motivada por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse para otros fines.
“Estas limitaciones deben ser concretas, específicas y el último medio para proteger la salud pública”, recalcó.
También, destacó que estas acciones implementadas durante la emergencia sanitaria necesitan acompañarse con estrategias económicas y sociales, para permitir la eficacia de las restricciones.
El ombudsperson dijo que todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, todos interactúan con el derecho a la salud, y en definitiva, cualquier medida técnica de limitación de derechos por la pandemia, debe ir necesariamente acompañada de otro tipo de medidas, esencialmente sociales y económicas, de seguridad y asistencia social, y de prevención de la violencia doméstica, para garantizar los derechos de toda la población.
