Para el Gobierno Federal está claro: Oaxaca, junto con Veracruz y Chiapas, son los tres estados del país en donde las autoridades locales han generado los mayores adeudos en materia de salud pública.
Son 6 mil 800 millones que se tienen identificados como pasivos en la entidad, que junto con los insumos médicos a altos costos y de mala calidad que se adquirían, la escasez de medicamentos, la contratación de personal sin suficiencia presupuestal y el desorden en la nómina fue parte de lo abordado por el director de Administración y Finanzas del Secretaría de Salud Federal, Pedro Flores Jiménez.
En una reunión con dirigentes sindicales y autoridades locales como el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, refirió que el Gobierno Federal tiene identificados tres grandes boquetes en el presupuesto de egresos de la federación:
El pago de pensiones; los 5 mil millones de dólares por la deuda externa y las participaciones federales que se les da al estado que hacen que lo presupuestado “quede muy pequeño”.
Adelantó que una de las estrategias será reducir entre un 30 y 70 por ciento la estructura administrativa de la Secretaría de Salud y en ese programa de austeridad invitó al Gobierno de Oaxaca.
“Es muy importante la situación que se vive en Oaxaca para este proceso de transformación y lograr los servicios de salud de primer mundo a los que se comprometió el Gobierno Federal. No podemos caminar si no hay una firme alianza entre los tres niveles de gobierno, trabajadores y sindicatos”, dijo.
Integración de las nóminas
Recordó que el 14 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con ocho gobernadores del sur-sureste, incluido Alejandro Murat de Oaxaca.
Uno de los primeros pasos es buscar la integración de todas las nóminas de trabajadores del país en una plataforma única.
“Hace un mes ya empezamos a ver número de personas, adeudos, unidades”, aseguró.
La plataforma que pretenden utilizar tendrá un sistema similar al del pago de maestros, “la más compleja de América Latina” y que permitirá un control estricto sobre las plazas, porque en muchos estados se han creado sin fuente de financiamiento real, creando “boquetes presupuestarios graves, situación que no puede continuar”.
Un segundo punto es llevar a cabo un proceso de basificación, ya que están identificadas 87 mil personas contratadas por honorarios, “Se hará un programa de basificación analizando que no tengan otra plaza ni otro ingreso”, cuidando que no se basifiquen administrativos por encima de personal médico,
