Para el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo Marín, la pandemia de COVID-19 visibilizó una problemática que ha enfrentado miopía institucional: las muertes prematuras son resultado de las fallas sistémicas que se fundan en condiciones estructurales de inequidad.
La organización recientemente hizo público su informe "La muerte tiene permiso", en el que asientan que para este año las muertes esperadas superarán el millón, ya que se estima un exceso de 281 mil defunciones, pero apenas 115 mil, que equivale al 15 por ciento serán por COVID-19.
En sí, desde el año 2000, el 70 por ciento de las muertes de menores de 75 años en México ocurren por causas evitables, ya que se podrían tratar en el sistema de salud, pero en los hechos “está moribundo”.
La evidencia más clara de muertes evitables son las que ocurren durante el embarazo, parto o postparto y que en este año suman 783, 31 de ellas en Oaxaca y de las cuales siete tienen un diagnóstico confirmatorio de COVID-19.
“La mortalidad materna es una enfermedad de la pobreza extrema porque ninguna mujer debe morir por dar vida, no son cosas que requieran grandes aparatos o estudios”, pero evidencia “una falla del sistema de salud, de que no se hizo lo que se debía hacer”.
Pidió no tomar como pretexto a la COVID-19 para justificar la mortalidad materna que es un hecho de inequidad que no tiene “coartada”, además de que las comorbilidades como la diabetes y la hipertensión “explican la muerte por COVID en sí mismas”.
Fallas en el sistema de salud
El Sistema de Información de Enfermedades Crónicas (SIC) contabiliza en el país un millón 699 mil 883 pacientes con diagnóstico de una enfermedad crónica (diabetes, hipertensión y obesidad) y al menos una consulta en el país, 91 mil 306 corresponden a Oaxaca.
Gómez Hermosillo insistió que se debe arreglar la atención primaria en salud: “Nuestro problema está en que no se logra detectar la enfermedad de manera temprana y darle contención”.
Por una parte se acorta la vida de las personas y se incrementa el dolor físico al que se tienen que enfrentar, pero también incrementa costos, además que la población se está acostumbrando a que el sistema de salud falle.
Una consecuencia de esa falla es la proliferación de los consultorios adyacentes a farmacias “cuyo negocio es recetar” y las complicaciones llegan a los hospitales, incluyendo las de COVID-19.
