A cinco meses de haber sido aprobada por la 64 Legislatura local de Oaxaca, la llamada Ley Antichatarra, que buscaba desalentar el consumo de productos con alto contenido calórico entre la población infantil, es letra muerta.
La ausencia de acciones gubernamentales que orienten a una mejor alimentación, así como la nula vigilancia para que lo establecido en la ley se cumpla, hacen lejano el objetivo planteado en la adición al Artículo 20 Bis a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canaco), que entre otros negocios aglutina a tiendas de abarrotes, el consumo de productos como papas fritas, refrescos, pastelillos y dulces, no ha disminuido.
“Esta ley se puede decir que quedó como congelada. Nosotros seguimos viendo que la venta de estos productos sigue siendo normal. Los distribuidores mayoristas siguen colocando en anaqueles la misma cantidad de productos que antes de la modificación a la ley”, señaló Salvador López López, presidente de la Canaco en Oaxaca.
Un acierto incompleto
Si bien la adición a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes fue un acierto ante el alto índice de enfermedades generadas por la ingesta de productos con alto contenido calórico, ésta no derivó en un cambio efectivo.
Yesica Sánchez Maya, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, organización que forma parte de un frente de organizaciones oaxaqueñas que por su cuenta emprendieron la campaña “Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva”, señaló que el estado no se puede mantener al margen de esta necesidad y emergencia.
“Han pasado cinco meses de que en Oaxaca entró en vigor la reforma y lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de acción contundente por parte del gobierno del estado que es el encargado de echar a andar la ley, creando política pública; tampoco tenemos claridad de cuánto dinero se destinó para la política pública en el sentido de esta reforma al artículo 20, para que se pueda colocar. Sin duda fue un acierto la aprobación, pero queda la segunda parte que es cómo se implementa una política pública”, expuso.
Ley "sin dientes"
Felipe Sánchez, integrante del Centro Calpulli, también parte del frente de organizaciones en la campaña, indicó que dentro de las acciones que hace falta realizar está la construcción de un reglamento para asignar responsabilidades en el cumplimiento de dicho ordenamiento.
“Tenemos que ver que la reforma que se hizo también se le pongan 'dientes' para que así la industria, los particulares estén atentos y se tome más en serio. Se tienen que nombrar qué dependencia de gobierno va a ser la responsable para sancionar tanto a las empresas como a los particulares que no cumplan”, señaló.
El activista por los derechos de la niñez, destacó que otra de las acciones que pueden ser implementadas como una política pública para que la ley se cumpla es poner al alcance de la población frutas y verduras con bajo.
“Así como se ha hecho con el pescado que en cuaresma es llevado a bajo costo a las colonias de la capital, lo mismo podría hacerse con las frutas y verduras para que estén al alcance de los bolsillos”, destacó.
Más inseguridad alimentaria en Oaxaca
El Diagnóstico del Derecho a la Alimentación 2018 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que en México, la seguridad alimentaria, que es el acceso a alimentos variados, nutritivos y suficientes, así como experiencias de hambre, no está garantizada para toda la población y principalmente no para las y los niños.
El estudio identificó que niñas y niños menores de cinco años representan un grupo vulnerable en términos de inseguridad alimentaria. Los estados con mayor porcentaje de esta problemática son Tabasco (42.5%), Oaxaca (31.8%), Guerrero (28.4%), Estado de México (26.6%), Michoacán (25.3%) y Colima (25.1%).
Además, indica que las personas del ámbito rural y hablantes de lengua indígena registran mayores grados de inseguridad alimentaria severa y moderada. Por entidad federativa, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Campeche tienen mayor porcentaje de población vulnerada en el derecho a la alimentación variada, nutritiva y suficiente.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) agrega que los alimentos de alto contenido calórico son más baratos y más fáciles de acceder y preparar que los alimentos frescos, en especial para las personas de bajos recursos económicos en áreas urbanas. En este sentido cuando escasean los recursos para alimentos, la población elige los menos costosos, que a menudo son hipercalóricos y bajos en nutrientes.
