Cada vez que un niño o niña nace en el patio o en los sanitarios de un hospital porque su madre fue rechazada por el personal médico, se vulneran los derechos de ambos a la integridad personal, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación.
Así lo determinó en 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando emitió la recomendación 1/2014 al Gobierno de Oaxaca por la negación de la atención médica que en el Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz a Irma, cuyo hijo nació en el patio del hospital.
La recomendación estableció como medidas de reparación la certificación y capacitación del personal en materia de derechos humanos, pero no especificó las medidas que habrían de tomarse por parte de las autoridades de Oaxaca para evitar la repetición de estas violaciones de derechos humanos.
Violación sistémica
Para la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Pacífico Sur, Paola Sesia, que los partos en la vía pública que ocurren porque una mujer es rechazada de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) demuestra una violencia obstétrica sistémica.
La maestra en salud pública se refirió al caso de Irma que ocurrió en Jalapa de Díaz desde el 2 de octubre de 2013, cuya fotografía del alumbramiento de su hijo en el pasto dio la vuelta al mundo, y desde entonces los casos se han repetido, lo mismo en la región del Istmo o la Cañada, apenas la semana pasada.
Los casos recientes se deben a que de parte de las autoridades estatales de salud se carece “de una respuesta sistémica para mejorar las cosas”.
Muy similar a lo que ocurrió con Irma hace cinco años, la madrugada del pasado 16 de agosto Silvia y su esposo se presentaron al hospital comunitario de Teotitlán de Flores Magón con avanzado trabajo de parto, pero el personal no la aceptó hasta después de que su hijo nació en el patio.
No son partos fortuitos
Por lo que se consignó en los medios locales, Paola Sesia consideró que no se trata de un parto fortuito porque la señora no haya llegado a tiempo, sino un caso de violencia obstétrica por negación a la atención y una violación a su derecho a la salud.
Consideró que en todo el país existe “un serio problema en cuanto a la atención del parto o puerperio”, pero se focaliza en Oaxaca con los alumbramientos fuera de hospitales porque las mujeres fueron rechazadas.
“El Estado debe estar endeudadisimo para tratar de pagar las reparaciones de daños”, aunque el problema de fondo dijo tiene que ver con falta de infraestructura y recursos humanos, pero también con procesos de sensibilización y capacitación del personal para que no rechace a una mujer que está en una situación de vulnerabilidad.
Como “o se están tomando decisiones de política pública” el problema de los partos fuera de los hospitales van a seguir ocurriendo, además de que existe “mucha opacidad con este gobierno para hacer un análisis en conjunto y apoyar desde la sociedad civil”.
Y sentenció: “Puede ocurrir otro nacimiento de este tipo en cualquier otro hospital básico comunitario que debería atender las 24 horas. SSO debe tomar cartas en el asunto, porque son autoridades y tiene que haber consecuencias”.
Sin embargo más allá de encontrar culpables “se debe entender qué pasan y porque no hay una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, desde el personal de guardia hasta la directora o director”.
Más allá de “cesar a gente” hay que “cambiarles el chip en la cabeza” y propiciar una sensibilización profunda para que se evite un fenomèno de naturalización y normalización de este tipo de partos que representan violencia obstétrica intolerable.
