La ginecóloga Araceli Cárdenas Sánchez denunció que después de seis meses de estar encargada de la coordinación del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Zona Número Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del IMSS, le negaron la titularidad del cargo, el cual entregaron a un médico del sindicato mayoritario.
Acusó que el 5 de septiembre se generó una convocatoria para la coordinación de Ginecología y Obstetricia, la cual se cerraba el 22 de octubre y los resultados se darían a conocer el 4 de noviembre, pero anticipadamente, el pasado 16 de octubre se nominó como coordinador a otro ginecólogo.
"Fue nominado desde la jefatura de prestaciones médicas, simplemente lo pusieron y no respetaron la convocatoria", expresó.
La ginecóloga que tiene 20 años de servicio en el IMSS detalló que como ella, al menos otras cinco compañeras que también forman parte del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social enfrentan hostigamiento laboral.
"Somos un grupo de seis mujeres que trabajamos con normalidad desde el inicio de la pandemia y con la carga adicional que implicó la reubicación del servicio de ginecología", por la reconversión del Hospital para atender a pacientes de COVID-19 en la Unidad Médica Ambulatoria.
En esa área ingresan las mujeres embarazadas después de descartar síntomas de COVID-19, pero la hospitalización es más breve que antes: "Después de un parto salen a las 12 horas y de una cesárea de preferencia a las 24 horas", porque el servicio de ginecología antes de la pandemia trabajaba con 40 camas y ahora sólo se cuentan "cuando mucho con 18".
Además, el miedo a un contagio hace que las pacientes lleguen con miedo, aún así, en promedio se atienden cinco nacimientos por día y las pacientes embarazadas positivas a SARS-CoV-2 entran al área COVID, donde hay un quirófano exclusivo para ellas en caso de que requieran una cesárea.
Cárdenas Sánchez reconoció que sabía que los seis meses, de abril a octubre, que estuvo como encargada de la coordinación de ginecología no le garantizaba que se convirtiera en la coordinadora, pero pide que se respete la convocatoria.
Sus inconformidades las canalizará al propio IMSS y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
