Hace 12 días que Ramiro, junto con otros siete familiares, sepultó a su madre Matilde, quien el 4 de mayo ingresó al Hospital Básico Comunitario de Santa María Huatulco por un desmayo, pero salió de ahí en un ataúd. La prueba de laboratorio detectó que tenía COVID-19.
Ramiro no se cansa de repetir que a su madre de 64 años no la mató la COVID-19: “Es mentira porque ella ingresó al hospital porque tenía diabetes, se le había subido el azúcar y sufrió un desmayo. Al otro día mi madre estaba bien, supuestamente la habían aislado en un cuarto a ella sola por COVID-19”.
Entre esa negación que considera genuina, Ramiro denunció que el director del Hospital en ese municipio de la Costa, Sergio Iván Pérez, se negó a entregar el certificado de defunción porque no aceptó el diagnóstico de COVID-19.
En cambio, para el director Iván Pérez, han sido infructuosos los tres intentos de entregar el certificado de defunción de Matilde en presencia del alcalde de Santa María Huatulco.
“Delante del alcalde le dije que el hospital no dictamina quién tiene o quién no COVID-19”, lo cual corre a cargo del Laboratorio Estatal de Salud Pública, a donde el lunes 4 de mayo tuvieron que mandar por vía terrestre la muestra que tomaron a una mujer que tenía claros síntomas de la nueva enfermedad.
Además del nivel descontrolado de azúcar en el cuerpo de Matilde, a quien previamente le habían amputado ambas piernas por un antecedente de diabetes, “la señora ya presentaba claros síntomas de disnea (dificultad respiratoria) y empezaba con fiebre”.
Esas señales permitieron tener la “certeza de trasladarla al área exclusiva para estos pacientes” en ese Hospital. A los pocos días las sospechas “salieron ciertas” a través de la prueba que “no da el hospital”. El jueves 7 de mayo Matilde falleció.
Las dudas
Al volver esa mañana al hospital Ramiro se encontró con la noticia. En la tarde su familia la sepultó, custodiados por elementos de seguridad y la Guardia Nacional que les acompañaron hasta afuera del panteón.
“Cuando estábamos en el hospital esperando el certificado de defunción, nos dimos cuenta ya estaba lleno de policías”, Como Ramiro no aceptó firmar ningún papel para recibir el certificado de defunción, las autoridades debieron costear los 9 mil pesos que cobró la funeraria para meter a Matilde en una bolsa y después en un ataúd que debió sellarse.
“El cuerpo lo entregaron a la policía para que se hicieran cargo”, pero la gente de la funeraria dejó el ataúd a un lado del hoyo que previamente excavaron en el panteón.
“Tuvimos que pedir permiso para entrar a sepultarla. Yo vi que el ataúd no estaba sellado. A mí mamá la metieron desnuda en una bolsa negra, supuestamente sellada, pero nada más la cerraron como si fueran enterrar a un animal”, se quejó.
Están por cumplirse dos semanas de la muerte de Matilde, la segunda defunción por COVID-19 en el municipio de Huatulco, pero su familia no puede tramitar el acta de defunción porque carece del certificado de una muerte que niegan fuera por COVID-19.
