Concretar el proceso de centralización o federalización de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) significará un freno para el crecimiento de la deuda en el sector, la cual asciende a 8 mil millones de pesos.
El titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, indicó que una vez que se concluya el proceso que se inició en diciembre pasado con la firma de convenio entre el gobernador Alejandro Murat y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Salud Federal se encargará en su totalidad del pago de la nómina de 17 mil 862 trabajadores.
En la actualidad, pagar a esa plantilla que incluye 15 mil 532 trabajadores sindicalizados, 2 mil 200 eventuales y 130 de confianza, representa 6 mil millones de pesos anuales.
El problema lo representan los trabajadores eventuales o de contrato para quienes se carece de cobertura presupuestal de la Federación y el Gobierno del Estado debe erogar anualmente más de mil 700 millones de pesos.
Se espera que esos dos mil 200 trabajadores sean considerados entre las 8 mil basificaciones que el pasado fin de semana anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira más reciente a la entidad oaxaqueña.
La absorción de parte de la plantilla evitará que ese pasivo mantenga en crecimiento los pasivos de 8 mil millones de pesos que mantiene la dependencia, de los cuales 4 mil 544.7 millones de pesos corresponden a un adeudo por Impuesto Sobre la Renta (ISR) que en años anteriores se dejó de pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pagar esa nómina que carece de techo presupuestal.
Si las gestiones del Gobierno del Estado logran que la SHCP condone esa deuda, sólo le quedarían los 2 mil 255.29 millones de pesos que se deben por cuotas que no se pagaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ni al Fondo de la Vivienda de ese instituto (FOVISSSTE) porque se utilizaron para pagar nómina no reconocida.
Aunque ya se avanzó en un convenio con el ISSSTE para financiar el pago de esos 2 mil 255.29 millones de pesos, “no lo hemos firmado porque es a pagar a 10 años y queremos que sea a 20 años”, precisó Donato Casas.
Será en octubre, cuando se espera concluya el proceso de federalización cuando se tenga claridad sobre el pago de la deuda que “no va a afectar al trabajador en sus prestaciones”.
