Un grupo de 80 organizaciones civiles, sociales e indígenas, así como sindicatos, activistas y artistas, demandó al gobierno estatal dar marcha atrás a su política de criminalizar al pueblo por no usar cubrebocas durante la emergencia sanitaria y en su lugar asumir una política social que permita guardar las recomendaciones del gobierno federal, para quedarse en casa.
En su representación, la coordinadora de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, sostuvo que el decreto gubernamental para arrestar y aplicar multas a quienes salgan de sus casas o no usen cubrebocas, son medidas contrarias a la Constitución.
Expuso que el verdadero propósito de esa medida es descargar la responsabilidad del aumento de la pandemia a las capas populares acusándolas de no acatar las medidas sanitarias, pues más de 81.1% de la población sobrevive del trabajo informal y necesita salir a las calles a obtener recursos.
Estas medidas de excepción –asentó–, no solamente equivalen a un toque de queda permanente, sino contravienen la política establecida por el gobierno federal.
Por eso, requirió a la administración estatal establecer medidas económicas necesarias para atender la salud de la población oaxaqueña mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos, así como la contratación de personal sanitario y la recontratación del personal afectado con los despidos masivos, para enfrentar la pandemia.
Reclamó garantizar la seguridad laboral y disminuir las condiciones de riesgo de contagio de los trabajadores del sector salud, y hacer del conocimiento público los presupuestos y acciones para enfrentar los impactos de la pandemia.
Demandó establecer una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales y en las periféricas con mayor riesgo de presión alimentaria por la pandemia, donde se incluya el subsidio total a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos básicos en favor de los campesinos indígenas.
Pidió atender a la población en posibilidad de ser afectada, como las personas empleadas en el sector informal de la economía y las personas con empleos temporales, con medidas como seguro de desempleo o renta universal.
Sánchez Maya pidió al Congreso del Estado realizar reformas para obligar al Poder Ejecutivo a ejercer su presupuesto atendiendo la salud y la vida de la población.
