Oaxaca.- El ex secretario de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, así como el actual encargado del despacho de los SSO, Héctor González Hernández, entre otros cuatro funcionarios, a través de desvió de recursos generaron la crisis que actualmente vive el sector salud de Oaxaca, reflejada principalmente en el hospital civil Doctor Aurelio Valdivieso.
Mediante un “acuerdo administrativo” signado en diciembre de 2014, los funcionarios acordaron utilizar recursos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud que tiene como brazo operativo el Seguro Popular, por cien millones de pesos para el pago de nómina del sector salud y de prestaciones laborales correspondientes a diciembre.
Dicho convenio, del cual NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca tiene una copia, detalla que los rubros que fueron utilizados corresponden –entre otros- a la línea de gastos catastróficos es decir el destinado para la atención de aquellas enfermedades que implican un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel de frecuencia con que ocurren.
Estos van dirigidos a la población sin ninguna seguridad social, mexicanos por nacimiento o naturalizados, y que presenten alguna de las patologías comprendidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, como lo es en el caso de atención a cáncer en menores de 18 años de edad.
Tapan un hueco abren otro
El acuerdo administrativo firmado el 12 de diciembre de 2014, argumenta que éste tenía la finalidad de “atender y resolver la contingencia derivada de la situación deficitaria de recursos presupuestales en materia de servicios personales al cierre del ejercicio fiscal 2014 generada por la falta de cobertura presupuestal destinable al pago de salarios y medidas de fin de año de las quincenas 23 y 24/ 2014 , del personal que labora en el organismo público descentralizado.
Éste fue firmado por el entonces titular de los SSO, Germán Tenorio Vasconcelos; el subdirector general de innovación y calidad de los SSO, Héctor González Hernández actual encargado del despacho; Rubén Portillo Mijangos en la función de director de administración de los SSO; Lilio Hernández Santiago como director de planeación y desarrollo de los SSO; Martín Mario Méndez Ruiz como director de asuntos jurídicos de los SSO.
Así como por Rafael Pérez Gavilán entonces subdirector General de Administración y Finanzas de los SSO, funcionario asesinado el 8 de marzo de 2015, presuntamente días después de advertir que revelaría un desvío millonario de recursos en el sector salud.
La alternativa de financiamiento entonces acordada por los seis servidores públicos, fue que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas, otorgara a los Servicios de Salud de Oaxaca un crédito puente por 100 millones de pesos, amortizable durante el primer semestre del 2015 con cargo al presupuesto autorizado par el Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (FASSA) 2015.
Además de que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, liberara con cargo al anexo IV, recursos por el orden de los 100 millones de pesos. Y que los Servicios de Salud de Oaxaca dispondrían de los recursos financieros captados por el concepto de atención médica brindada a los afiliados del Sistema de Protección Social en Salud a través del Establecimiento de Salud del Segundo Nivel de atención médica; disponibles en cuenta bancaria hasta por un monto de 100 millones de pesos, mismos que serían considerados como adeudo de servicios personales 2014.
Dicho pago de servicios personales sería reintegrado con presupuesto FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) 2015 en el primer trimestre del ejercicio a fin de amortizar el préstamo generado en las carteras médicas: Seguro Médico para una Nueva Generación Siglo XXI 2013 hasta por 12.05 millones de pesos; Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos Ejercidos 2011, 2012 y 2013 hasta por cinco millones de pesos, 21 millones de pesos y 40 milllones 950 mil pesos respectivamente generando un total de 100 millones de pesos.
Lo anterior autorizó al subdirector general de Administración y Finanza para que hiciera uso de los recursos financieros por un importe de hasta 100 millones de pesos en eses entonces existentes en las cuentas bancarias 0233325411, 0205642656, 0885107753 de Banorte y 4055388375, 4055626154 de HSBC provenientes del Seguro Médico para una nueva generación Siglo XXI 2013, Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2011, 2012 y 2013 para que a través de la dirección de Administración fueran destinados a enfrentar el “eminente pago de prestaciones salariales (sueldos, salarios y medidas de fin de año) del personal de los Servicios de Salud de Oaxaca, recursos que se verían reflejados en la contabilidad como adeudo de servicios personales del ejercicio fiscal 2014.
El mismo acuerdo administrativo estableció que el adeudo generado en las carteras médicas de Seguro Médico para una Nueva Generación Intervenciones 2012, Seguro Médico para una nueva Generación Siglo XXI 2013 y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2011, 2012 y 2013, sería amortizado con la afectación presupuestal correspondiente a los recursos FASSA 2015.
Habrían simulado reintegro de recursos
En julio de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que ocho gobiernos estatales simularon reintegrar 8 mil millones de pesos de fondos federales que habían desviado a otros rubros, e interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR)
Los recursos sobre los cuales se simularon los reintegros pertenecían a los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.
Por este hecho procedieron 5 denuncias penales en Oaxaca; en Veracruz fueron 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Chiapas, 4; Tabasco, 3, y Tlaxcala, 2.
El mecanismo de simulación utilizado, según información publicada por el periódico Reforma el 18 de julio, consistió en que, una vez que la Auditoría había realizado observaciones sobre recursos utilizados sin la justificación correspondiente, los estados reintegraban a una cuenta la cantidad señalada por el órgano fiscalizador.
Después, le mostraban a éste un comprobante de dicho reintegro. Una vez que la ASF daba por solventada la observación, los gobiernos estatales sacaban los recursos de esa cuenta para darles un uso distinto de aquel para el que estaban etiquetados sin que se tuviera conocimiento preciso sobre su destino final.
