La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) informó que al 26 de julio de este año se tenían confirmados 27 casos de COVID-19, un sospechoso y 4 defunciones por coronavirus en centros penitenciarios de Oaxaca.
Señaló que 5 casos positivos y un caso sospechoso en la entidad corresponden al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 13, que se ubica en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Cabe señalar que el pasado viernes 24 de julio del año en curso, en la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se realizó en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa aseveró que en los penales estatales no se habían registrado casos de COVID-19, por lo que es de suponerse que todos los casos registrados por la CNDH se presentaron en penales federales.
En la actualización del monitoreo nacional por COVID-19 en centros penitenciarios, la comisión dio a conocer que hasta ese día se registraron mil 925 casos confirmados de la enfermedad, 176 defunciones y 298 sospechosos en los centros de readaptación social del país.
Mencionó que 7 casos sospechosos y un caso positivo en la Ciudad de México corresponden a prisiones militares.
Sobrepoblación
La CNDH advirtió desde el 16 de abril del 2020, al inicio de la pandemia, su preocupación porque las deficiencias en la infraestructura en el sistema de salud que enfrentan los centros penitenciarios, la carencia de personal médico y medicamentos especializados, la alta densidad poblacional de los establecimientos, la sobrepoblación y el hacinamiento en el que conviven las personas, pudiera agravar la situación en los penales.
“Al conjuntarse esas deficiencias con factores de riesgo como la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación de ese virus”.
Aseveró que las condiciones mencionadas colocan a dicha población, así como a sus hijas e hijos y a sus visitas, en un grupo en desventaja para adoptar las medidas de higiene básicas y las acciones dictadas, de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que se encuentran en una realidad distinta al de la ciudadanía en general; por lo que, de no garantizar los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de la libertad, en conjugación con otros derechos ante la pandemia que se vive, el Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir los impactos que se vayan presentando ante las eminentes violaciones a los derechos humanos que enfrentarían dichas personas.
En penales de Oaxaca
Reportados hasta el 26 de julio:
27 casos de COVID-19
4 defunciones
1 caso sospechoso
Fuente: CNDH
