La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación sobre violación a los derechos humanos de Teresa Micaela Peláez Jiménez, una mujer indígena de Chiquihuitlán de Benito Juárez, quien perdió a su hijo durante el parto el pasado 5 de octubre por falta de atención médica oportuna.
El 19 de octubre la DDHPO recibió un oficio signado por el director general encargado del despacho de la cuarta vistaduría general de la CNDH, donde les comunica de la facultad de atracción al considerarse que hay probable violación al derecho a la salud y de la misma manera observó violación a los derechos de habitantes de comunidades indígenas y en vulnerabilidad.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tratarse de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran personas indígenas, puso en marcha su facultad de atracción (…) en su momento emitirá la resolución”, explicó el visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos
El cinco de octubre Teresa Micaela Peláez requirió un traslado de emergencia vía aérea debido a las complicaciones en el parto considerado de alto riesgo. A pesar del peligro, el helicóptero nunca llegó.
Durante el parto, tras horas de esperar ayuda, Micaela perdió a su hijo y casi pierde la vida por una perforación en el útero. La mujer tuvo que ser trasladada con ayuda de la población, en camilla en medio de la noche y caminos accidentados por deslaves hacia el hospital de Cuicatlán.
Lo ocurrido es analizado por CNDH para determinar qué derechos le fueron violentados y en su momento realizar las recomendaciones correspondientes para la reparación del daño a la mujer.
Juan Rodríguez Ramos, aseguró que el 6 de octubre la DDHPO acudió al hospital de Cuicatlán en donde se puso en contacto con la familia para recabar información e iniciar de oficio el expediente de queja con número DDHPO/1820/(03)/OAX/2017 en contra de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
El 9 de octubre la defensoría emitió medidas cautelares para que Teresa Micaela recibiera los medicamentos necesarios y se le condonaran las unidades de sangre recibidas en el hospital de Cuicatlán, pero hasta el momento de los SSO no han enviado el acuse de recibo que compruebe haber cumplido con la medida aceptada.
De no comprobarse el cumplimiento, la dependencia a cargo de Celestino Alonso Álvarez estaría incurriendo en responsabilidad administrativa y en su caso, hasta responsabilidad penal, advirtió el visitador.
A juicio de la DDHPO hay algunos elementos que establecen una probable violación a los derechos humanos en el acceso a la salud por no recibir atención médica profunda.
