Al exigir garantías de seguridad para el personal de enfermería y médico, la presidenta del colegio de Enfermeras de Oaxaca, Elodia Santos Ramírez Navarro denunció que al menos 20 enfermeras y enfermeros han sido víctimas de actos violatorios a sus derechos, que van desde la discriminación en el acceso a servicios, hasta la violencia verbal y física durante la contingencia sanitaria.
En las denuncias, de las cuales dos fueron presentadas de manera escrita, hubo quienes manifestaron haber sido bajados del transporte público al trasladarse de sus comunidades a sus centros de trabajo o que los taxistas les han negado el servicio; otras manifestaron que les han prohibido el ingreso a sus localidades bajo el argumento de que son foco de riesgo.
“En muchas poblaciones del estado de Oaxaca las han bajado de la suburban. Muchas viajan de Oaxaca a los centros de salud de las localidades, y ha habido conductores que las bajan a petición de la gente”, destacó.
Insultadas
Ramírez Navarro agregó que también han sido insultadas, salpicadas con alcohol y agredidas físicamente, tal como ocurrió el miércoles pasado a una joven pasante de enfermería quien fue jaloneada del cabello cuando esperaba su transporte en la Central de Abasto. La agresión sufrida le provocó un esguince en el cuello que ameritó ser hospitalizada. Su agresor, un sujeto de aproximadamente 40 años no fue detenido.
“Como es posible que ocurran estas cosas cuando nosotras somos las que vamos a exponer la vida para la atención de la población. Que agredan a las compañeras es lo peor que se puede hacer.”, reprobó Ramírez Navarro.
El colegio de enfermeras está representado con personal en la región de la Valles Centrales, Costa, Mixteca, Papaloapan e Istmo con subdelegaciones además de tres colectivos: Putla Villa de Guerrero, Pinotepa Nacional y Tlaxiaco. Las agresiones se han concentrado en la capital del estado, Villa Alta, Huajuapan y Putla.
Recientemente el Congreso de Oaxaca probó una iniciativa de reforma al Código Penal, para castigar con seis años de prisión a quienes agredan al personal médico; sin embargo, la sanción podría incrementar cuando el ataque ocurra durante una emergencia sanitaria, como la que se vive actualmente en el país a causa del coronavirus (COVID-19), llegando así hasta nueve años de cárcel.
Ramírez Navarro señaló que de las 20 agresiones en ningún caso presentaron denuncia debido a que temen represalias.
