Oaxaca solicitará el apoyo de INTERPOL y del FBI para profundizar en la investigación de una red internacional dedicada a la compraventa de pornografía infantil, detectada tras un operativo que permitió la detención de uno de sus presuntos integrantes. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que existen indicios de participación de usuarios y distribuidores de distintos países, por lo que la colaboración internacional será clave para desarticular toda la estructura criminal.
La red operaba principalmente a través de Telegram, donde los compradores pagaban entre 10 y 30 dólares por imágenes, videos o paquetes de contenido sexual de niñas, niños y adolescentes. Ese esquema de cobros permitió rastrear los movimientos digitales de los involucrados. Gracias a una denuncia anónima realizada al 089, y en menos de 72 horas, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ejecutaron un cateo en la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en la capital oaxaqueña, donde fue detenido L.A.F.V.
En el cateo se aseguraron 170 gigabytes de material digital: 50,614 imágenes, 18,183 audios y 2,693 videos, además de 11 teléfonos celulares, siete laptops, dos computadoras gamer y una tableta electrónica. Peritajes revelaron amenazas enviadas a víctimas para obligarlas a producir contenido, así como un esquema de “enganche digital” que operaba desde hace al menos dos años. Se identificaron entre seis y siete grupos activos con usuarios nacionales y extranjeros.
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó que ya fueron identificados algunos compradores, cuyos datos serán rastreados mediante sus líneas telefónicas, y confirmó que la Fiscalía pedirá apoyo del Gobierno de México, Interpol y el FBI para investigar la dimensión internacional de la red. La fiscal especializada en delitos de género, Margarita Guzmán Corsi, señaló que muchas víctimas desconocían que su contenido estaba siendo difundido, por lo que reciben acompañamiento psicológico y asesoría para presentar sus denuncias.
La FGEO reiteró que la investigación continúa y que se busca ubicar a distribuidores, administradores, consumidores y solicitantes del material ilícito. Los delitos podrían alcanzar penas de hasta 210 años de prisión. Rodríguez Alamilla enfatizó que la denuncia ciudadana fue clave para este golpe criminal.
