En la finca Charco Lentisco de Cieza (Murcia), propiedad de Manuel Costa Abellán, de 40 años, ganadero de reses bravas, se vivía desde hacía mucho la obsesión de acabar las incursiones de los novilleros que saltaban la cerca de los corrales para torear a la luz de la luna.
El propio ganadero había dado orden a sus empleados José Manuel y Pedro Antonio Yepes, de 19 y 15 años, respectivamente, de estar alertas para impedir que esto siguiera sucediendo.
Manuel Costa tenía una relación muy especial tanto con sus empleados como con el padre de éstos, José Yepes.
La noche del 30 de noviembre de 1990, madrugada de luna llena, empleados y patrón fueron al domicilio de José, no lejos de Charco Lentisco, que lo habían invitado a cenar.
Paralelamente, en Albacete, a una hora de camino en automóvil, Juan Lorenzo Franco Collado, de 22 años, el Loren; Andrés Panduro Jiménez, de 20, y Juan Carlos Rumbo Fernández de 19, tres jóvenes novilleros, valoraban la posibilidad de realizar una sesión de toreo nocturno bajo la luna llena, sin el permiso del propietario de las reses.
Pensaron que lo más apropiado sería correr la aventura en la finca Charco Lentisco con cuyo dueño, uno de ellos, el Loren, había tenido mucho trato por haber sido durante mucho tiempo su apoderado taurino.
Los tres novilleros subieron al coche propiedad del Loren y se dirigieron a Charco Lentisco provistos de estoques, capotes y muletas, aún sobre la prohibición legal de estas prácticas.
Se supone que llegaron a la finca sobre las tres de la madrugada. Estacionaron el vehículo no lejos del paraje de Las Lomas y se adentraron a pie. Al poco de comenzar la tienta, fueron descubiertos. Sin que pudieran esperarlo se desató entonces contra ellos la cacería.
Aunque todo resulta bastante confuso, al menos participaron en dicha caza Manuel Costa y sus dos empleados, portando uno de ellos una escopeta de repetición marca Franchi, intentando acorralarles mientras los jóvenes emprendían la huida en dirección al lugar donde tenían aparcado el coche. Antes de llegar, a unos 300 metros de Charco Lentisco, les dieron alcance.
Bajo la amenaza del arma de fuego, los novilleros se detuvieron y probablemente, allí mismo, les dispararon a corta distancia, recibiendo entre los tres nueve tiros.
Versiones de los implicados
Las versiones de los implicados difieren, pero por las pruebas encontradas, la más verosímil es que el autor material de los disparos fuera José Manuel Yepes, con la participación de Manuel Costa.
Tras producirse las muertes, los implicados tomaron un acuerdo para deshacerse de los cadáveres. Barajaron varias posibilidades. Finalmente Costa llamó a su abogado a Murcia y se presentó a la Guardia Civil.
La primera versión de los implicados fue la inculpación del menor Pedro Antonio Yepes, de quince años, exento de responsabilidad criminal, que aceptó ante el juez ser el único culpable de las muertes, con lo que en teoría su hermano mayor y el dueño de la finca habrían de quedar a salvo.
Pero después de algunos acontecimientos y por consejo de su padre, cambió la declaración, inculpando a Manuel Costa en los hechos e incluso haciéndole responsable de haber terminado con la vida de uno de los tres asesinados, precisamente de Juan Lorenzo.
Esta versión fue radicalmente alterada cuando se descubrieron en la escopeta huellas de José Manuel, el hermano mayor, lo que obligó a cambiar la versión.
Pero siguieron acusando al dueño de la finca, lo que el padre de los implicados justificaba por haber incumplido este un trato con la familia Yepes: darles su cuadra de caballos y veinte millones de pesetas si los chicos se declaraban culpables. José Yepes, antes uña y carne con Manuel Costa, al que admiraba hasta «considerarle una especie de dios», a raíz de supuesto engaño le había declarado pública enemistad.
Versión del fiscal
Para el fiscal, en la muerte de los tres novilleros debieron de participar dos tiradores y dos escopetas porque es la única forma en la que se entiende que permanecieron quietos, sin intentar escapar, pese a su complexión atlética y su buena forma física, mientras los asesinaban con una escopeta que necesariamente tendría que dispararles a uno detrás de otro permitiendo que alguno consiguiera zafarse de la muerte.
Sin embargo, esta teoría de los dos tiradores con dos escopetas acabaría siendo archivada por el juzgado de Cieza, tres años después de los crímenes, al no encontrar nuevas pruebas para inculpar a nadie.
Un extraño suicidio
Pero mucho antes, en abril de 1991, unos meses después de las muertes, se produjo un hecho que añade nuevas zonas oscuras a toda la investigación. Sin que pueda explicarse por qué, fue encontrado ahorcado Jesús Saorín Guillamón, de 49 años, el propietario de la escopeta utilizada en el crimen.
El arma, aunque seguía siendo legalmente de su propiedad, le había sido comprada según testigos por el patriarca José Yepes, en una visita a su casa en la que iba también Manuel Costa. Poco después de probar su buen funcionamiento, Yepes le ofreció 35 mil pesetas, pero Saorín se negó a dejársela hasta que pudiera traspasarla legalmente. Más tarde debió de cambiar de opinión.
Pese a la aparente falta de responsabilidad en los hechos Jesús Saorín aparentemente se colgó de un árbol en Cieza, y su cadáver fue encontrado horas antes del careo que debía haber celebrado con el dueño de Charco Lentisco.
Sentencian a los culpables
Finalmente, los jueces, tras la vista oral, dictaminaron que la intervención de Manuel Costa, el hombre que mantenía fuertes y especialísimas relaciones de autoridad con los Yepes, fue determinante en el asesinato de los tres novilleros.
Se le encontró culpable de transportar la escopeta en el maletero de su coche y seguir a los asesinados en su coche con las luces apagadas para lograr sorprenderles al regreso de la cena en el domicilio de los Yepes. Igualmente fue hallado culpable de no intervenir para salvar sus vidas cuando los jóvenes fueron acorralados en un cruce de caminos y empezaron a dispararles.
Según el tribunal que le juzgó, Costa permitió que siguieran disparando pese a escuchar la voz de uno de ellos que suplicaba que no le mataran. Por todo ello fue condenado por tres delitos de asesinato a otras tantas penas de veintisiete años de reclusión mayor y a indemnizar a las familias de las víctimas con setenta y cinco millones de pesetas.
Igual pena le correspondió a su empleado José Manuel Yepes, y aunque era convicción general que su hermano Pedro Antonio participó en los hechos, no recibió todo el peso de la ley por ser menor de edad.
