El defensor de la libertad religiosa en Oaxaca, Eliseo Porfirio Flores Zúñiga, denunció públicamente la detención del pastor evangélico Mariano Velázquez Martínez, ocurrida el pasado jueves 15 de enero en la comunidad de Santiago Malacatepec, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán, en la región Mixe.
De acuerdo con el activista, el caso estaría relacionado con la imposición de un cargo tradicional de carácter religioso que contraviene el derecho constitucional a la libertad de creencias.
Durante una conferencia de prensa, Flores Zúñiga explicó que el conflicto se originó cuando la comunidad designó al pastor como mayordomo el año pasado. Aunque este cargo está vinculado a prácticas de la Iglesia católica, el líder religioso decidió aceptarlo “en aras de no generar confrontaciones”, bajo el entendido de que únicamente implicaría una aportación económica y no la participación en rituales religiosos.
Sin embargo, señaló que la autoridad municipal posteriormente modificó las condiciones. “Le exigieron no solo cubrir los gastos, sino también encender veladoras, arrodillarse y realizar rezos frente a la imagen de Santiago Apóstol. Él se negó porque eso va en contra de su fe”, afirmó.
Según el testimonio de la esposa del pastor, tras negarse a cumplir con estos actos, la autoridad comunitaria procedió a su detención y realizó una asamblea en la que presuntamente se determinó su expulsión, además de la posible demolición del templo evangélico de la localidad.
“Nuestro mayor temor es que el pastor sea expulsado y se sume a la lista de desplazados de San Juan Mazatlán, un municipio con antecedentes graves de intolerancia religiosa”, advirtió Flores Zúñiga.
Recordó que en 2022 al menos siete familias de la agencia de San Pedro Mixtepec fueron expulsadas y actualmente viven desplazadas.
El defensor subrayó que el problema de fondo radica en la mezcla de cargos civiles con funciones religiosas dentro del sistema de usos y costumbres. “No satanizamos los usos y costumbres, tienen aspectos muy positivos, pero también este defecto: obligar a personas a asumir cargos religiosos que van contra su conciencia. Por encima de cualquier norma comunitaria está la Constitución, que garantiza la libertad religiosa”, sostuvo.
Añadió que es necesaria una armonización entre las tradiciones y el marco legal para evitar nuevos conflictos sociales.
Flores Zúñiga también expresó su preocupación por la situación familiar del pastor, quien tiene una esposa y una hija de apenas tres meses de edad. “El pastor puede resistir, pero su esposa y su bebé están en una condición de mayor vulnerabilidad. Esto no es solo un asunto individual, es un tema humanitario”, enfatizó.
En el ámbito legal, informó que ya se han iniciado tres vías de acción: la presentación de una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, una denuncia por abuso de autoridad —tras las reformas al Código Penal que sancionan la expulsión por motivos de fe— y la promoción de un juicio de amparo para exigir la liberación y posible reintegración del pastor a su comunidad.
Finalmente, el defensor reiteró que las iglesias evangélicas en Oaxaca promueven la paz y la convivencia. “Nunca buscamos la confrontación. Lo que pedimos es respeto, diálogo y que se garantice el derecho de cada persona a creer o no creer, sin ser castigada por ello”, concluyó.
En tanto, solicitó la intervención de las autoridades para que liberen al pastor y pueda regresar con su familia y vivir en paz con sus creencias religiosas.
