La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió tres carpetas de investigación luego de que el colectivo DLR difundiera en redes sociales presuntos incidentes ocurridos en instituciones educativas y en un templo cristiano de la capital. El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que se estableció comunicación directa con el colectivo y se activaron los protocolos para garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres posiblemente afectadas. El fiscal aclaró que estos casos no guardan relación con la reciente detención del operador de una red internacional de pornografía infantil, la cual se derivó de una denuncia anónima al 089.
El primer caso se refiere a un video donde alumnas de secundaria aparecen manipulando un polvo blanco. Tras realizar los peritajes correspondientes, la Fiscalía determinó que la sustancia era “sal dulce”, usada como parte de un reto replicado de TikTok. La institución también revisa material similar en el que estudiantes de nivel medio superior habrían imitado esta conducta.
El segundo caso involucra una posible red de explotación sexual infantil, luego de que se denunciara que padres y padrastros habrían compartido imágenes íntimas de sus hijas e hijastras. La FGEO informó que se llevan a cabo labores de campo y entrevistas con directivos escolares para recabar información y determinar responsabilidades. Por estos hechos se inició una investigación por violación a la intimidad sexual y otros delitos que pudieran configurarse.
El tercer caso corresponde a la denuncia pública sobre la instalación de cámaras ocultas en una iglesia cristiana, presuntamente colocadas para grabar a mujeres en espacios privados, incluidos baños. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y realiza diligencias en coordinación con la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes y áreas periciales.
Rodríguez Alamilla subrayó que todas las denuncias están siendo investigadas con perspectiva de género e interés superior de la niñez, y reiteró que la institución mantiene comunicación permanente con el colectivo denunciante para asegurar el avance de las investigaciones y la protección de las posibles víctimas.
