Por Redacción NOTICIAS
La indignación social se intensificó en Santa María Tonameca tras la denuncia del hallazgo de decenas de caparazones de tortuga marina abandonados a escasos metros de la playa de La Barra del Potrero, un hecho que evidenciaría la operación de un presunto matadero clandestino de fauna protegida.
Los restos fueron encontrados entre la arena y la vegetación costera, en una zona cercana a campamentos turísticos y áreas de anidación, lo que agrava el impacto ambiental.
A través de una denuncia en las redes sociales, pobladores señalaron que las tortugas habrían sido sacrificadas principalmente para el consumo de su carne y otros usos ilegales, una práctica que continúa realizándose de manera oculta pese a la prohibición absoluta.
Las imágenes difundidas en redes sociales causaron alarma e indignación, por lo que habitantes y defensores ambientales exigieron la intervención inmediata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), organismo encargado de vigilar y sancionar los delitos contra la vida silvestre, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de investigar los delitos federales.
Un delito federal
De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal, la caza, captura, posesión, transporte o comercialización de tortugas marinas constituye un delito grave, castigado con penas de uno a nueve años de prisión y multas económicas que pueden alcanzar miles de veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya que se trata de especies catalogadas en peligro de extinción.
Carne de tortuga, riesgo para la salud
Más allá del daño ambiental, especialistas advierten que el consumo de carne de tortuga representa un riesgo extremo para la salud humana. Estos animales pueden acumular toxinas naturales y contaminantes en sus tejidos, lo que provoca el llamado quelonitoxismo, una intoxicación alimentaria grave y potencialmente mortal, documentada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés: National Institutes of Health). Esta toxina no tiene antídoto conocido y no se destruye con la cocción, por lo que ni siquiera cocinar la carne elimina el peligro. Los primeros síntomas incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, pero pueden evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria, daño hepático y renal, convulsiones, coma e incluso la muerte.
A ello se suma la presencia de metales pesados como mercurio, cadmio y plomo, así como bacterias altamente peligrosas como Salmonella y Escherichia coli (E. coli), advertidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, Food and Drug Administration). También se han detectado pesticidas persistentes como el DDT (diclorodifeniltricloroetano), sustancia prohibida en muchos países por su relación con el cáncer, alteraciones hormonales y problemas de fertilidad.
Organismos internacionales de conservación como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, World Wide Fund for Nature) y autoridades mexicanas como la PROFEPA han alertado que el consumo de carne de tortuga no solo es ilegal, sino una práctica altamente peligrosa para la salud pública.
Estudios académicos realizados por instituciones como el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han documentado la acumulación de metales pesados en los tejidos de tortugas marinas. Asimismo, reportes epidemiológicos internacionales han registrado brotes mortales en países como Tanzania y Filipinas tras el consumo de su carne, confirmando que se trata de un alimento de alto riesgo. En el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las toxinas pueden transmitirse al bebé a través de la leche materna, provocando daños graves incluso cuando la madre no presente síntomas.
La exigencia
El hallazgo en La Barra del Potrero no solo exhibe un grave delito ambiental, sino también una amenaza directa a la salud colectiva. La exigencia de los pobladores es clara: que las autoridades ambientales y judiciales actúen de manera inmediata para investigar, sancionar a los responsables y frenar una práctica clandestina que pone en peligro la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la vida humana.
