Por ejercer su derecho a votar y ser votada, Essica Vázquez Romualdo, candidata a regidora del municipio de Santiago Yaveo, gobernado por el sistema de usos y costumbres, fue encarcelada durante 24 horas.
Familiares y compañeros denunciaron la detención, ya que afirmaron que también fue golpeada por las autoridades municipales de La Trinidad, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
Expresaron que la violencia ejercida en contra de su compañera es liderada por los participantes de la planilla naranja, encabezada por Emesio Mestas Parras, con el apoyo de la Unión General Obrero Campesina y Popular. Previo a encerrarla por más de 24 horas, a la mujer la hicieron caminar por más de un kilómetro, con burlas y vejaciones, señalaron.
Alcaldesas, colectivas, organizaciones sociales, así como catedráticas, y ciudadanas feministas en Oaxaca formaron un frente común en contra de lo que consideran “un marcado retroceso a los derechos de las mujeres”, a partir de la reciente reforma aprobada por el Congreso, que posterga la paridad en los cabildos que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas (SNI), comúnmente nombrados como usos y costumbres.
En una carta pública dirigida al Gobierno del Estado, piden vetar o deje sin efecto la reforma legislativa al artículo Transitorio Tercero del Decreto número 1511, toda vez que “coloca a las mujeres de 417 municipios en un estado de excepción”, al postergar la paridad y se mantenga la subordinación de las mujeres indefinidamente.
El decreto 1511, aprobado por la 64 legislatura en 2020 establecía que la totalidad de los ayuntamientos indígenas deberían contar con una integración paritaria (50% mujeres y 50% varones) de forma total en el año 2023, fecha en que inicia el siguiente periodo Constitucional para dichas municipalidades.
Las mujeres representadas por el feminismo explican que negar por tiempo indefinido a las mujeres indígenas el derecho a ser electas y representar políticamente a la ciudadanía en los municipios que se rigen por usos y costumbres “violentan sus derechos humanos, favorecen privilegios masculinos y erosionan la democracia”.
Flora Gutiérrez, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y una de las solicitantes del veto, informó que a la fecha aún no se ha emitido el decreto en el Diario Oficial del estado, una vez publicado, anunció, “se presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las modificaciones son violatorias de los derechos humanos”.
“La reforma es un retroceso, violenta el derecho de las mujeres a ganar espacios de representación”, subrayó.
El dato
Mujeres sufren abusos
El pasado 28 de septiembre, Morena, Verde y PT aprobaron modificar que la participación de las mujeres de un 50% en los cargos de ayuntamientos deberá de ser gradual.
